October 25, 2021

El Tribunal de Cuentas resolverá el jueves los recursos de los líderes del 1-O contra la fianza de 5,4 millones

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La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas se reunirá este jueves para resolver a puerta cerrada los recursos presentados por los líderes independentistas contra el acta de liquidación donde se fija en 5,4 millones la fianza reclamada por los recursos públicos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017.

El órgano fiscalizador comunicó el pasado mes de junio a los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, así como a otros 31 ex altos cargos del Govern, que se les reclama provisionalmente un total de 5.422.879,48 euros por los gastos de externalización del procés independentista.

Según informan fuentes de la institución a EL MUNDO, el próximo jueves los magistrados José Manuel Suárez Robledano, María Antonia Lozano Álvarez y Felipe García Ortiz, integrantes de la Sala de Justicia, deberán deliberar y resolver los recursos de los líderes del 1-O presentados contra la instrucción realizada por el propio organismo -por la delegada instructora Esperanza García-, donde se les reclama más de cinco millones de euros como responsabilidad contable por el desvío de fondos públicos durante el procés. Será ponente de la resolución María Antonia Lozano; además, se espera que el tribunal dé a conocer el fallo acordado ese mismo día.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierto un procedimiento administrativo por el supuesto desvío de fondos públicos a las denominadas ’embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como “Diplocat”, diseñados para promocionar el referéndum del 1 de Octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Además, la Sala de Justicia estudiará el mismo jueves los recursos interpuestos por los dirigentes independentistas contra la decisión del supremo órgano fiscalizador del Estado de haber dado traslado a la Abogacía del Estado para que emitiera un informe sobre los avales presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), para el pago de la citada fianza.

Sin embargo, esa segunda batería de recursos -cuya ponencia corresponde al magistrado Felipe García Ortiz- han perdido en la práctica objeto, ya que el pasado mes de septiembre la Abogacía del Estado comunicó que declinaba a emitir el citado informe ya que “la solicitud de un informe a una de las partes sobre cuestiones que afectan directamente a los intereses de las demás puede sugerir la predisposición del Tribunal a seguir los criterios de esa parte”.

Desde el Ministerio de Justicia se explicó que si los servicios jurídicos del Estado emitían su informe “se verían afectados los principios de contradicción e igualdad, al requerir el informe a una sola de las partes personadas sin audiencia de las demás” el Tribunal de Cuentas. La realidad es que con esta maniobra el Gobierno esquivó un conflicto con el Govern en plena negociación de la mesa de diálogo y de los presupuestos generales del Estado.

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