October 25, 2021

El ex secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez deberá dejar su escaño tras ser condenado por el Supremo

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El Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos y ex secretario de Organización de la formación Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agentes de la autoridad a un mes y medio de prisión, que sustituyen por una multa de 540 euros.

El fallo, adoptado por cinco votos frente a dos, acuerda que se notifique la sentencia a la Junta Electoral Central “a los efectos oportunos”. La consecuencia de la condena en firme será, según fuentes jurídicas, que Rodríguez deberá abandonar su escaño en el Congreso. Desde Unidas Podemos cuestionan que esto deba ser así, resaltando que la prisión que conllevaría esa inhabilitación para seguir en el escaño ha sido sustituida por una multa.

La Sala Penal absuelve a Rodríguez del delito leve de lesiones por el que se le acusaba, como consecuencia de la despenalización de las faltas en 2015, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al policía al que, según los hechos probados, propinó una patada en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Según informa el Supremo, la sentencia considera probado que el 25 de enero de 2014, en la localidad de La Laguna, con ocasión de la reapertura de la catedral, se organizaron distintos actos a los que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. La Policía organizó un dispositivo en las inmediaciones al tener conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema “Rechazo a la LOMCE”.

Unas 500 personas “comenzaron a proferir gritos e insultos contra los agentes y contra el citado ministro. […] En un momento determinado, los congregados comenzaron a arremeter contra el vallado, lanzando las vallas contra los agentes, así como objetos diversos como piedras, botellas de agua y otros”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero.

Durante esos enfrentamientos “el acusado Alberto Rodríguez Rodríguez […] propinó una patada en la rodilla al agente del C. N. de Policía nº 92.025, que, debidamente uniformado, estaba cumpliendo las funciones propias de su cargo como integrante de la referida unidad policial, el cual, a consecuencia de aquella, sufrió una contusión de la que curó en un día sin impedimento para sus actividades habituales”.

El tribunal presidido por Manuel Marchena ha valorado especialmente la declaración del policía, quien “en sus declaraciones no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda, en el curso de los incidentes que tuvieron lugar”.

Añade que “tal declaración aparece corroborada por el hecho de haber acudido inmediatamente después de los sucesos a recibir asistencia médica y por la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos. La credibilidad del testigo viene avalada además por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado”.

Rodríguez sostuvo en el juicio que era una práctica habitual de la policía implicar falsamente a personas que habían destacado en otras manifestaciones. Los magistrados consideran que no se aporta nada que avale esa tesis y recuerdan que el agente declaró que conocía al acusado de otras manifestaciones en las que había mantenido un comportamiento normal. “De manera que, en la fecha de los hechos, en opinión del testigo, el acusado no era una persona significada por su actitud especialmente activa o violenta en las manifestaciones; y, además, entonces carecía de relevancia política”.

Respecto a lo que también sostuvo el acusado sobre que se estaba cuestionando el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, la Sala responde que “numerosas personas hicieron uso de ese derecho en aquella ocasión y solo se practicó la detención de aquellos a quienes se imputaban actos violentos”.

“La violencia no es inherente al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La acusación sostenida en esta causa nada tiene que ver con el ejercicio de esos derechos fundamentales, sino con el empleo de violencia, en el curso de su ejercicio, contra los agentes de la autoridad que se encuentran en el cumplimiento de sus funciones”, añade.

La sentencia considera que en este caso concurren todos los elementos del delito. “Ninguna duda existe respecto a que el agente lesionado se encontraba uniformado y en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Tampoco se ha cuestionado que el acusado conociera adecuadamente esa circunstancia, por otro lado, evidente. Ni se han alegado otras razones para la agresión que las relacionadas con el cumplimiento de las funciones públicas que al agente policial le correspondían en aquel momento. […] El acto de propinarle una patada en la rodilla constituye no solo un acto de acometimiento, sino una clara agresión”.

En cuanto a la pena concreta a imponer, la sentencia explica que la Fiscalía proponía rebajarla en un grado al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. El Supremo estima que la rebaja debe ser mayor, de dos grados, al no estar justificada que la causa se haya demorado siete años sin que se tratara de un asunto complejo.

La sentencia incluye un voto particular discrepante de dos de los siete magistrados, Susana Polo y Leopoldo Puente. Sostienen que la sentencia debió ser absolutoria, ya que la prueba practicada en el juicio está “muy lejos” de ser suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

Indican que la condena se sustenta como prueba única en el testimonio prestado por el policía agredido, que identificó a su agresor en el juicio, pero no ilustró al tribunal sobre las circunstancias en las que se produjo. “Esta extrema parquedad del relato resulta, a nuestro parecer muy relevante, en la medida en que mal puede valorarse la fiabilidad en la identificación del agresor, cuando ni siquiera conocemos si el agente dispuso de algún tiempo para reparar en su aspecto (al verle, por ejemplo, llegar de frente) o si los hechos discurrieron de forma súbita y en condiciones inadecuadas para dicho reconocimiento”.

Afirman que en este caso se trata de determinar si puede considerarse probado que Alberto Rodríguez fue la persona que propinó a dicho agente una patada en la rodilla izquierda. “Así lo afirma el agente. Y el acusado lo niega. Es posible que sucediera. No estamos en condiciones de descartarlo. Pero existen también otras múltiples posibilidades, igual o parecidamente probables. Es plausible, por ejemplo, que el agente pudiera haberse equivocado en la identificación. Desconocemos la forma exacta, ya lo hemos dicho, en la que pudo haberse producido la agresión”, subrayan los magistrados en su voto.

Desde Podemos se se ha denunciado este lunes lo que la formación considera una persecución al ex secretario de Organización. El propio Rodríguez ha considerado que, con esta decisión, “el derecho de manifestación es cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española, cada vez mayor”, y ha anunciado que está dispuesto a llegar a Estrasburgo en su batalla jurídica: “Nos vemos en el TEDH”, ha zanjado a través de un mensaje en redes sociales.

En este sentido, fuentes de Unidas Podemos dudan de que Rodríguez deba ser inhabilitado de manera total. Así, opinan que, al sustituirse la prisión por una multa, “no se puede implicar inhabilitación absoluta, sanción que no ha sido impuesta por el Tribunal Supremo”.

Además, las críticas a la Justicia han vuelto a llegar desde el Consejo de Ministros. Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, ha tildado de “terrible” la “criminalización” que sufre Rodríguez. “Busca mandarnos un mensaje”, ha considerado: “No te metas en política”.

Rodríguez también ha recibido el apoyo del ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien, con dureza, ha tildado a la Justicia de “fuerza reaccionaria” y ha asegurado que esta sentencia no podrá “manchar” la “decencia, dignidad y compromiso” del ex número tres de Podemos.

Desde las filas moradas, que este jueves arrancan su Uni de Otoño -unas jornadas con las que relanzar la agenda del partido-, el apoyo a Rodríguez es unánime. El portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique, ha definido a la Justicia española de “corrupta” y de estar “al servicio del poder” después de haber condenado a Rodríguez sin “ninguna prueba”, al mismo tiempo que considera “inocente” a Juan Carlos I con “abundantes pruebas de que defraudó millones”.

“Da miedo”, ha dicho Echenique, poco antes de reclamar a través de redes sociales a la Comisión Europea que “un miembro del Parlamento ha sido condenado sin ninguna prueba”.

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