October 23, 2021

La Fiscalía no ve delito en el destino de las donaciones de Podemos para el proyecto Impulsa

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado que investiga las cuentas de Podemos que archive la parte relacionada con las donaciones al partido que debían ir dirigidas al proyecto Impulsa. El escrito dirigido al Juzgado 42 de Madrid sostiene que “no existe indicio alguno” de apropiación o desvío de fondos en dicha actividad.

La investigación del juez Juan José Escalonilla se extendió a estas donaciones a petición de la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, que hace tres meses explicó al juez que ella había aportado 5.500 euros al proyecto y que en los presupuestos de la formación no aparecía ese proyecto, ni información alguna sobre su actividad, empleados, salarios o gastos.

En su escrito al juez, el Ministerio Público arremete contra la senadora y afirma que lo que busca con este tipo de investigaciones “es una constante auditoría del partido político al que perteneció”.

El juez acordó ampliar la investigación a las donaciones realizadas al proyecto. Antes de resolver los recursos presentados contra esa decisión, el juez trasladó a las partes personadas la documentación remitida por Podemos acreditativa del destino de los fondos.

Tras examinar esa documentación, la Fiscalía considera que muchas de las donaciones se hicieron a través de la fundación de Podemos (Instituto 25M) “lo que determina que era imposible que se recogiera directamente en los presupuestos a pesar de lo que se denuncia”.

También pone de manifiesto que el partido ha aportado certificados de donaciones de diferentes entidades beneficiarias del proyecto en 2016, así como el acta (firmada por la acusación particular) de 21 de noviembre de 2017 de destino de las cantidades al Proyecto Impulsa.

Por todo ello, considera que no hay base para seguir adelante con esa rama de la investigación. En núcleo de la investigación del juzgado 42 se centra en las relaciones de Podemos con la consultora chavista Neurona, a la que transfirió fondos públicos destinados a trabajos electorales de cuya existencia real el juez duda.

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