October 24, 2021

La Comisión Europea estudia si Irene Montero violó una directiva al tachar al ex marido de Juana Rivas de “maltratador”

Tribunales El ex marido de Juana Rivas pide a Irene Montero e Íñigo Errejón que se retracten de sus “injurias y calumnias” y le paguen 140.000 euros Fallo El Supremo rebaja a la mitad la condena por sustracción de menores a Juana Rivas, que queda en dos años y medio de prisión

La Comisión Europea estudia si el Gobierno español ha contravenido una directiva europea que prohíbe que las autoridades de un país realicen manifestaciones públicas acerca de procedimientos judiciales en curso, culpabilizando antes de tiempo a personas acusadas.

En concreto, la Dirección General de Justicia y Consumo ha abierto un expediente para determinar si Irene Montero, ministra de Igualdad, violó la directiva europea 343/2016 al tachar de “maltratador” a Francesco Arcuri, el ex marido de la española Juana Rivas, durante el procedimiento judicial en que la madre granadina fue condenada a dos años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo por secuestrar a sus hijos, mientras que ninguna de las denuncias de Rivas contra Arcuri por presunto maltrato prosperaron, ni en España ni en Italia.

La apertura de procedimiento por parte de la Comisión Europea se produce a petición de Arcuri, tras sucederse en los meses pasados varias declaraciones públicas de Montero ante la condena definitiva de Rivas ante el Supremo, por sustraer a los dos hijos de la pareja del padre entre 2016 y 2017, incumpliendo reiteradas advertencias judiciales sobre el secuestro.

Hay que destacar que el proceso que abre ahora la Comisión, certificada dicha apertura con un documento enviado al abogado español de Arcuri, Enrique Zambrano, al que ha tenido acceso este diario, puede acabar o bien con una petición de armonización de la legislación española a la europea, o bien con una sanción al Gobierno por violentar la normativa comunitaria, pero nunca con una multa a Montero.

Esa vía ya la está explorando Arcuri con sendas conciliaciones solicitadas, en España, a Montero y al diputado Íñigo Errejón, para que se retracten de haberle tachado de “maltratador” y le abonen 140.000 euros (80.000 ella y 60.000 él), que el ciudadano italiano entregaría a asociaciones de niños huérfanos, ha asegurado. De no producirse dichas retractaciones, Arcuri se querellaría contra ellos por injurias y calumnias.

En Europa, el italiano invoca la directiva que señala, literalmente, que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable”.

Su abogado, Zambrano, señala a EL MUNDO que “lo más grave es que ni siquiera se han producido estas manifestaciones con procedimientos judiciales abiertos”: ninguna de las denuncias de Rivas contra Arcuri consiguió siquiera abrir procedimiento alguno.

Montero realizó por ejemplo declaraciones en ese sentido en una intervención en un acto público en Zaragoza el pasado 21 de junio. Dijo textualmente: “No hay palabras para explicar el sufrimiento de Juana Rivas. Qué se puede hacer para evitar estos asesinatos machistas, esta violencia contra las mujeres. Pues yo quiero dejarlo muy claro: para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y las niñas que son víctimas directas de la violencia machista, para dar donde más duele a sus madres, hay que defender a Juana Rivas”.

Y abundó, en referencia a Arcuri: “También hay que defender a Juana Rivas cuando el movimiento feminista dice ‘Juana está en mi casa’, cuando el movimiento feminista sale a proteger a Juana Rivas. Existe una justicia patriarcal que penaliza y criminaliza a las madres que están defendiéndose a sí mismas y sobre todo a sus hijas de la violencia machista ejercida por su pareja o ex pareja”.

Arcuri aceptó en 2009 una condena de tres meses de prisión por lesiones a su entonces pareja en unos hechos en que ambos tanto uno como otra resultaron lesionados, como demostraron los partes de ambos, publicados por EL MUNDO. Los dos continuaron unidos hasta que en 2016 ella se llevó a los hijos de ambos a España para no volver al hogar familiar en Cerdeña.

Desde entonces, pese a denunciar decenas de veces malos tratos de parte de su ya ex marido, ninguna de estas acciones de Rivas ha prosperado, y la Justicia italiana terminó otorgando la custodia de los niños al padre tras un demoledor informe psiquiátrico en el que se aseguraba que Rivas era en realidad un peligro para sus hijos, y que estos están mucho más seguros con su padre.

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