October 25, 2021

Juanma Moreno y Ximo Puig reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez más capacidad para decidir la cartera de impuestos

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Andalucía y Valencia pedirán un aumento de la capacidad de las comunidades autónomas para decidir sobre la cartera de impuestos, sobre todo en materia de medio ambiente, según el acuerdo que han alcanzado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, reunidos en Sevilla para fijar una posición común y exigir al Gobierno un “fondo de compensación transitorio” mientras se negocia un nuevo modelo de financiación autonómica.

“La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía son partidarias demejorar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el necesario escenario de modernización de nuestra estructura fiscal y especialmente en materia de imposición medioambiental”, dice literalmente el documento conjunto hecho público tras la reunión de ambos presidentes, un encuentro que ha generado algunas tensiones internas en el PSOE porque deja en evidencia la falta de diligencia del Ministerio de Hacienda en resolver una desigualdad de trato denunciada por las comunidades peor financiadas, entre ellas Andalucía y Valencia, pero también Murcia y Castilla-La Mancha.

Tanto Puig como Moreno han descartado ampliar la carga fiscal sobre el ciudadanos, pero sí reclaman margen para “racionalizar” los impuestos (Ximo Puig) y “reordenarlos” (Juanma Moreno) en función de las singularidades de cada comunidad autónoma.

En el documento firmado este martes por los dos presidentes se afirma que el Sistema de Financiación Autonómica sigue siendo “discriminatorio, complejo y poco transparente”. “En la actualidad sigue generando diferencias de recursos entre comunidades de más de 30 puntos porcentuales por habitante ajustado”.

“No hacer nada no soluciona nada. Mantener esta situación no es sostenible“, ha afirmado Ximo Puig ante la prórroga indefinida del actual modelo y la falta de avances en una reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplazado desde el inicio de la legislatura.

Moreno cree que es posible llegar a un acuerdo no solo con las comunidades deficitarias sino con el conjunto de las administraciones autonómicas y ha insistido en que esta alianza entre Andalucía y Valencia “no es ningún frente” ni “va contra nadie”. “No podemos estar cruzados de brazos porque estamos perjudicando la convergencia en el conjunto de las comunidades”. “España necesita más conversación”, ha apuntado Ximo Puig citando a Salvador Madariaga. “Los acuerdos generan tensión pero no hay alternativa a los acuerdos”, ha añadido.

Ambos gobiernos andaluz y valenciano hacen un análisis de lo que ha supuesto el modelo de financiación vigente, que adolece de un “déficit global” que ha impedido “mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios a los que aspiraba el acuerdo en el que se basó el sistema al ser aprobado en 2009, pese al volumen de recursos adicionales aportados por este sistema con el objeto de reforzar el Estado del Bienestar, en comparación con el sistema de 2002”. Ese déficit global para el conjunto de las comunidades del régimen común se calcula en 16.400 millones de euros.

“La capacidad de las comunidades autónomas de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan. Esta falta de capacidad normativa en imposición indirecta ha supuesto una merma de los recursos para las comunidades autónomas de más de 72.400 millones de euros entre 2010 y 2018, con concreto 11.400 millones en el último año”, afirma el documento.

“Por tanto, es necesario en aras del principio de Lealtad Institucional que las comunidades autónomas puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos”, añade.

El conjunto de las comunidades autónomas requieren más financiación, concluyen ambos presidentes. Por tanto, el nuevo modelo de financiación autonómica “debe aportar más recursos a todas las comunidades autónomas (equidad vertical) y corregir la inequidad horizontal mediante un sistema que tenga como criterio principal de reparto a las personas beneficiarias de los servicios públicos fundamentales”.

Andalucía y Valencia defienden que el principal criterio de reparto es el que tiene que ver con el concepto de población ajustada, “concepto que deberá ser consensuado por el conjunto de las comunidades autónomas”. Con la crisis del Covid, la “asimetría” entre comunidades autónomas “se torna más dramática, pues incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción”.

Ambas comunidades son conscientes de que un nuevo modelo de financiación requiere tiempo y por eso plantean un fondo compensatorio que de forma transitoria resuelva los principales problemas del actual reparto “sin perjudicar a nadie”.

También reclaman un papel mayor de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos Next Generation y en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, “tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento.”

El socialista Ximo Puig ha convertido la reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica en el objetivo de la legislatura y su firmeza frente a la incomodidad que su postura genera en el Gobierno de Pedro Sánchez le ha deparado incluso elogios por parte del Gobierno del PP y Cs en Andalucía, cuyo vicepresidente, Juan Marín, le calificaba este lunes como un presidente “valiente”.

Al presidente Moreno la coyuntura política se lo pone más fácil, pero también ha tenido que lidiar con las reservas del PP de Pablo Casado, que desconfía de una alianza transversal con una administración socialista. Moreno apoyó en su día, en 2018, la propuesta que presentó el Gobierno de Susana Díaz para reformar el modelo de financiación autonómica, lo que da ahora un plus de legitimidad para defender su postura y reclamar la complicidad del PSOE andaluz. Aquella propuesta llevaba la firma de la entonces consejera, María Jesús Montero, que es hoy ministra de Hacienda y por tanto de ella depende plantear la reforma e iniciar la negociación con las comunidades autónomas.

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