October 24, 2021

El Gobierno planta al Tribunal de Cuentas y se niega a opinar si es ilegal el aval de la Generalitat a los independentistas

Justicia El Tribunal de Cuentas ve indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat y pide informe a la Abogacía del Estado Cataluña La Fiscalía investiga como malversación el aval del ICF exigido por el Tribunal de Cuentas a ex cargos del Govern

El Gobierno ha decidido evitar un conflicto con la Generalitat de Cataluña y ha decidido plantar al Tribunal de Cuentas y rechazar pronunciarse sobre los avales públicos a los acusados independentistas.

Según un comunicado oficial, “la Abogacía General del Estado (AGE) confirma, tras examinar la propuesta elevada por el Abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, que no procede la emisión del informe que le fue solicitado sobre los avales presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación por los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre 2011 y 2017″.

El Tribunal de Cuentas emplazó a la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, a asesorarle antes de decidir si anula los avales y procede a embargar los bienes de Artur Mas, Oriol Junqueras y otros dirigentes del procés. Según el comunicado, la Abogacía “considera que no procede que, en el marco de la función consultiva que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas atribuye al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría”. Este argumento para escabullirse ha sorprendido en el Tribunal de Cuentas, porque el Gobierno ya anunció antes del verano que no se personaría en el caso de malversación por la acción exterior de la Generalitat y el referéndum ilegal del 1-O alegando que el perjudicado era el Govern y no la Hacienda española. Por tanto, si el Ministerio de Justicia ya dejaba de ser parte, podía pronunciarse sobre las avales, según la expectativa del Tribunal de Cuentas.

En cambio, según el órgano del Ministerio de Justicia, “la solicitud de un informe a una de las partes sobre cuestiones que afectan directamente a los intereses de las demás puede sugerir la predisposición del Tribunal a seguir los criterios de esa parte”.

“También se verían afectados los principios de contradicción e igualdad, al requerir el informe a una sola de las partes personadas sin audiencia de las demás”, añade el informe.

En todo caso, la Abogacía del Estado no muestra hostilidad a los avales, porque afirma que “el enjuiciamiento de los actos que se dicten debe realizarse conforme al Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgo de la Generalitat de Catalunya, ya que es una norma con rango de ley que ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente en su eficacia”.

La decisión sobre si los avales son aceptables o no como fianza corresponde a la delegada instructora del caso, Esperanza García en el organismo fiscalizador. Fuentes del Tribunal de Cuentas ya cuestionaron a este diario el pasado julio que la Generalitat pudiera avalar con fondos públicos a acusados de malversación. García quería la opinión de la Abogacía, pero puede rechazarlos para el Tribunal de Cuentas, aunque el decreto de la Generalitat sea constitucional.

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