October 24, 2021

El comisario de Justicia urge una “reforma profunda” de la elección del CGPJ tras reunirse con las cuatro asociaciones judiciales

Encuesta El 43% de los votantes del PSOE quieren que los jueces elijan el CGPJ como piden la UE y el PP Justicia Lesmes denuncia los ataques del Gobierno a la independencia judicial y urge a PSOE y PP a renovar el CGPJ “en las próximas semanas”

El comisario europeo de Justicia ha reclamado este lunes una reforma “profunda” del sistema de elección de los vocales del CGPJ “para que la mayoría de vocales sean elegidos por los propios jueces”.

Sobre lo que no se ha pronunciado Didier Reynders es si las reformas deben hacerse después de renovar el Consejo, como propone el Gobierno, o antes de cambiar a los vocales, como reclama el Partido Popular.

“No voy a entrar en si primero debería ser el huevo o la gallina”, ha dicho el comisario belga restando a importancia al momento en que se produzca el cambio, siempre que se produzca: “Lo importante es que se renueve el Consejo y que se vaya a una reforma más profunda”.

Reynders ha hecho estas declaraciones tras reunirse con las cuatro asociaciones judiciales españolas. La reunión se ha producido en dos fases, que reflejan de nuevo las dos opciones sobre la mesa. Primero lo ha hecho con la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que prioriza la renovación inmediata con la ley vigente.

Luego se ha reunido con la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria yForo Judicial Independiente, que cargan más sobre la necesidad de la reforma profunda que permita a los jueces elegir a parte de los vocales.

La declaración de Reynders no es neutra. Se alinea más con las tesis de las tres asociaciones con las que se ha reunido de forma conjunta y con las del Partido Popular. Desde el Gobierno no se acepta algo que pueda llamarse una reforma “profunda”.

En sus primeros días en el cargo, tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el de presidenta Félix Bolaños, defendieron el sistema actual que supone que los 20 vocales son elegidos por las Cortes, es decir, pasan un filtro político. El argumento es que ese paso por las Cortes, reflejo de la soberanía popular, les da una legitimidad que no tendrían en caso de elección por parte de los propios jueces. Así que ni el Gobierno ni el PSOE respaldan con cambio de modelo, tan sólo retoques en el actual.

Tras las reuniones, las cuatro asociaciones emitieron un comunicado conjunto reclamando que se “cumplan los dos objetivos comunes” que ya habían expuesto de forma unitaria: “la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo”.

La Comisión Europea se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en los últimos dos años sobre la cuestión. Su posición apareció en el Primer Informe sobre el Estado de Derecho y de nuevo en el segundo, culminado en el mes de julio. Pero también en diversas manifestaciones de comisarios, altos cargos comunitarios y portavoces. Bruselas insta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lamenta la parálisis que desde hace años lo impide. Pero también reclama al Gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo.

Pero más allá de la petición, la Comisión ha dejado claro que no mira con buenos ojos tampoco el sistema de elección de vocales. La UE recomienda los estándares fijados desde el grupo especializado del Consejo de Europa, que aboga por dejar en manos de los jueces la elección de al menos el 50% del CGPJ, algo a lo que el Gobierno está haciendo oídos sordos. Es un tema delicado, complicado y muy sensible, pero la Comisión ha usado los mecanismos a su disposición, y a los medios de comunicación, pero sacar los colores a Moncloa en el último año por el intento de reforma promovido por el PSOE y Unidas Podemos, que iba en contra de esas preferencias y recomendaciones.

Los comisarios Reynders y Jourova han salido a la palestra para presionar y disuadir y los mensajes en privado, a embajadores, diputados y a varios ministros (o ex ministros a estas alturas) del Ejecutivo han sido tajantes. El riesgo para Pedro Sánchez es la comparación con Polonia, el país que más problemas tiene y la bestia negra en esta cuestión. La UE ha llevado a Varsovia a los tribuales y la advertencia a Madrid era muy clara: si se seguía por la senda preferida por Sánchez se abriría un procedimiento de infracción y se pondría a ambos socios en el mismo saco, con un coste de imagen pública y reputación enorme. El Gobierno aceptó, al menos parcialmente, la derrota y dio marcha atrás con su proyecto de reforma, si bien algunos de los nuevos ministros han mantenido al retórica y el pulso.

Aunque el comunicado es conjunto, refleja las diferentes posturas de las asociaciones. “Desde Juezas y Jueces para la Democracia se ha solicitado al comisario que requiera a los partidos políticos españoles para que procedan sin dilación a la inmediata renovación del Consejo conforme a la legalidad vigente, dada además la pérdida de credibilidad y degradación en la que el mismo se encuentra. Ello no obsta a que renovado el Consejo pueda iniciarse un trámite parlamentario posterior sosegado y constructivo para establecer un sistema de elección consensuado y con vocación de permanencia”.

Y a continuación se añade que desde las otras tres asociaciones se ha insistido “en la necesidad de que la Unión Europea mantenga el firme compromiso que ha demostrado hasta ahora para que nuestro Consejo del Poder Judicial cumpla con el estándar europeo, según el cual al menos la mitad de sus miembros deben ser jueces elegidos democráticamente por los jueces”.

“Las tres asociaciones”, añaden, “hemos propuesto un inmediato cambio de sistema de elección de los vocales, de tal suerte que se cumpla el sistema mixto de designación, tal y como reclaman la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la mayoría de los ciudadanos y el 90% de la carrera judicial”.

Para Reynders el tema se ha convertido en un dolor de muelas. Para la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho, en julio, su equipo tuvo decenas de reuniones con todos los implicados en el sector, desde el Gobierno a los magistrados pasando por abogados y fiscales. Debería haber quedado la cosa ahí, pero el belga es consciente de las maniobras de Moncloa, de los pocos avances y quieren movimiento. Bruselas sale de la dificultad política, del enquistamiento y cree que parón de verano era comprensible (pues fue cuando Gobierno y posición se emplazaron para reabrir la negociación) pero van a hacer lo posible para acelerar los pasos y para decirle al Ejecutivo que no es sólo retórica. Por eso el encuentro con las asociaciones y por eso sus palabras directas, más allá de un mero comunicado casi informal, como es lo habitual tras estas reuniones, que ocurren por decenas cada mes.

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