September 20, 2021

Bolaños defiende contra la UE y el Constitucional que los jueces no elijan a los jueces

Reforma Los jueces reaccionan: “Con esos planteamientos de Félix Bolaños, la situación del CGPJ sólo puede ir a peor” Justicia El CGPJ se prepara para sortear el bloqueo de los nombramientos judiciales decretado por el Gobierno

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desató ayer una crisis entre el PSOE y el PP que deja en vía muerta cualquier opción de alcanzar un acuerdo para salir del bloqueo. Eso sería lo más parecido a un milagro a la vista de la distancia que hoy en día separa a los dos partidos. Si la tensión es habitual siempre que se toca este problema, ayer dio pie a un enfrentamiento abierto después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendiera en contra del criterio de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional que «los jueces no pueden elegir a los jueces».

Es una opción que presentó como si fuera antidemocrática para, a continuación, defender que fuera el Parlamento quien decidiera los vocales del órgano de gobierno de los jueces para que éste tuviera una base de legitimidad ciudadana.

«En un Estado de Derecho, en una democracia con nuestra Constitución, los jueces no pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado», dijo. «No podemos hacer distintos compartimentos estancos entre los poderes. Todos han de tener base democrática».

Estas palabras provocaron la reacción airada del PP. Pablo Casado exigió de inmediato el cese del ministro de la Presidencia por practicar «un totalitarismo inadmisible» y le acusó de haber perpetrado un «ataque» a la democracia, el Estado de Derecho, la independencia judicial, la Constitución y la UE con sus declaraciones.

El PSOE contraatacó. Recriminó al líder del PP actuar a «golpe de tuit» para «manipular» las opiniones del ministro y le reprochó esconderse detrás de «mil excusas» para no revocar el CGPJ.

Las palabras de Bolaños chocan frontalmente contra el criterio de la Unión Europa y el Tribunal Constitucional español. Desde Bruselas, las instituciones europeas han hecho saber insistentemente a España que el mejor sistema de elección es el que más prescinda del poder político. El último informe de la Comisión Europea sobre la materia, del pasado julio, recordaba los insistentes «llamamientos» para que se reformase el sistema y que al menos una mayoría de los vocales fueran designados por jueces, «en línea con los estándares europeos» y otros países comunitarios -ahora todos pasan por el refrendo de las Cortes-.

Por otra parte, frente a las afirmaciones de Bolaños, lo que ha estado en cuestión en España por su posible inconstitucionalidad no es el sistema que reclaman las asociaciones judiciales, sino el vigente. Hasta 1985, a 12 de los 20 vocales los elegían los jueces. El PSOE cambió la ley y el asunto acabó en el Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías avaló la reforma, pero lo hizo mostrando su preferencia por el anterior, que veía más aconsejable. Según la sentencia, la pluralidad que el constituyente buscaba en el CGPJ «se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del CGPJ».

Y advertía del peligro de que el nuevo sistema acabara en un reparto político: «La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución», pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez», dijeron los magistrados en aquella sentencia de 1986.

El fondo político actual es que el PSOE y el PP mantienen desde hace tres años un pulso por la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyos vocales llevan tres años con el mandato caducado. Los socialistas intentaron sortear las demandas del PP para pactar rebajando las mayorías que se exigen en el Congreso para el nombramiento de los vocales. De los tres quintos vigentes -para forzar un acuerdo entre los dos principales partidos- se intentó fijar en la mayoría absoluta (176 diputados). Pero eso acabó naufragando después de que la Unión Europea diera la voz de alarma. El PP exige que la reforma que demanda la UE se aplique ya en esta renovación y el PSOE apela a esa presión de Bruselas, pero sólo para elegir a los 12 vocales. Mientras tanto, como enfatizó Bolaños, el Gobierno sigue enrocado y negando que los jueces elijan a los jueces.

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