September 20, 2021

Las mujeres tendrán “preferencia” frente a los hombres para ser contratadas en las universidades públicas

Educación Manuel Castells regula que las universidades puedan abrirse a impartir minicursos de formación para desempleados

Las mujeres tendrán prioridad frente a los hombres a la hora de trabajar en las universidades públicas españolas. El borrador de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) permite a los campus que, cuando haya dos candidatos en “igualdad de condiciones de idoneidad”, tengan “preferencia” para ser contratadas “las personas del sexo menos representado” en el cuerpo docente o categoría de que se trate.

Así aparece en el borrador, adelantado por ABC y que este martes ha recibido una primera lectura en el Consejo de Ministros. El titular de Universidades, Manuel Castells, ha expresado que la norma persigue mejorar la “equidad” entre hombres y mujeres.

“Se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres. A tal efecto se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.

A los rectores, sin embargo, no les gusta esta idea. “Los principios de igualdad, mérito y capacidad son los únicos que se pueden aplicar constitucionalmente en el servicio público”, argumentan fuentes de las universidades.

Además, el concepto “igualdad de condiciones de idoneidad” es lo suficientemente ambiguo como para que se pueda interpretar de manera abierta y se escoja no al candidato mejor preparado sino al más adecuado para el puesto. Tal y como sostienen fuentes universitarias, “no hay igualdad de condiciones nunca, siempre hay un candidato mejor que otro”.

El texto contempla la discriminación positiva en los concursos de acceso a las plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para “favorecer el acceso a las mujeres”. Más de la mitad de las tituladas son mujeres pero apenas hay una decena de rectoras liderando el medio centenar de universidades públicas. Castells persigue reducir las diferencias de género especialmente en las carreras científicas y establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación, según el borrador, que está abierto al debate de la comunidad universitaria.

El borrador también persigue “promover” proyectos científicos con perspectiva de género, lo que significa que se favorecerán este tipo de investigaciones frente a las demás. Otros objetivos son conseguir “la paridad en los equipos de investigación”, en los órganos colegiados y en todas las comisiones de selección y evaluación, y el “aumento de mujeres como investigadoras principales”. Los campus, para poder funcionar y ser reconocidos, deberán contar con un plan de igualdad de género de política universitaria y un plan de igualdad de género de recursos humanos, así como un “protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo” y un registro retributivo del conjunto del personal. Los presupuestos de las universidades también deberán contar con informes de impacto por razón de género.

Además, refuerza el papel de las unidades de igualdad y de diversidad, que ya funcionan en buena parte de universidades. Las primeras, cuyo régimen de funcionamiento se regirá por los estatutos del campus, serán las “encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”.

Las segundas, para defender los intereses de las minorías y de la comunidad LGTBI, «serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias antidiscriminación en el conjunto de actividades y funciones de la universidad».

Estas son otras de las novedades que trae la nueva norma, que modifica la LOU de 2001 y es la tercera ley universitaria de la democracia.

Castells va a cambiar el sistema de elegir a los rectores. Ya no tendrán que ser catedráticos, como se exigía hasta ahora, y, además de por sufragio universal, podrán ser nombrados por un órgano “específico”. Este comité estará compuesto por docentes, estudiantes, personal de administración y servicios y un 30% de personas externas al campus de reconocido académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales. Esta medida ya la plantearon en 2013 los expertos que asesoraron al ministro del PP, José Ignacio Wert, y era reclamada por buena parte de la comunidad universitaria. Los estudiantes se oponen.

No genera tantas adhesiones que los profesores titulares puedan presentarse a rectores. Hasta ahora siempre lo habían sido sólo los catedráticos y en la comunidad universitaria se interpreta este cambio, realizado a propuesta del PSOE, como una forma de abrir la puerta a colocar a personas de la cuerda. Lo que ahora se pedirá es ser funcionarios de los cuerpos universitarios docentes con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo universitario. Según fuentes universitarias, estas condiciones pueden cumplirlas los catedráticos, pero también los profesores titulares. “Cambiamos una definición por rangos a una definición por méritos”, ha dicho Castells.

El mandato de los rectores se amplía de los cuatro años actuales a seis años, pero ya no podrán optar a una reelección.

La ley da respuesta a una reiterada demanda del sector, al contemplar más financiación por objetivos y por necesidades singulares, además de la estructural. Habrá un fijo que permita cubrir “las necesidades plurianuales de gastos de personal, de gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, incluyendo las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades”, pero también se contemplan aportaciones adicionales “en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en la programación plurianual que deberá elaborar la universidad”. Esta parte también es similar a la planteada por los expertos de Wert.

¿Qué es la financiación por necesidades singulares? La que recibirán aquellos campus, por ejemplo en Canarias o en la España despoblada, por “insularidad, dispersión territorial y presencia en el medio rural de sus centros universitarios”, así como el nivel de especialización de las titulaciones impartidas o “la pluralidad lingüística de los programas”.

En sintonía con lo que quería hacer el PP, se permite más financiación privada, mediante mecenazgos y patrocinios y convenios con las universidades para crear títulos propios.

La ley también blinde un gasto público de como mínimo el 1% del PIB en los próximos 10 años, algo que en las universidades consideran “irreal”. Por ejemplo, en Madrid, el 1% del PIB supondría un gasto público en Madrid un 36% superior al que existe ahora.

Castells ha explicado que se establecerán en los campus “pasarelas con los estudios de FP” para que haya “más vinculación con el empleo”. La LOSU da más transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación, lo que va a suponer un quebradero de cabeza a aquellas universidades que se dedican exclusivamente a la docencia, donde se enmarcan las privadas. “Para mí no hay universidad sin investigación”, ha recalcado el ministro. Se asegurará una reserva del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores.

El texto dice que los campus deberán promover “en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de educación de las nuevas generaciones”.

“Los estudiantes son la razón de ser de la universidad”, ha proclamado Castells, que suele posicionarse a favor de los estudiantes y que les guardará un sitio en el Consejo de Universidades. Antes este órgano lo integraban los rectores y cinco miembros designados por el presidente del Consejo, pero ahora uno de sus miembros tendrá que ser obligatoriamente un representante de los alumnos. Aumenta también la participación de los estudiantes en órganos de gobierno y departamentos y se contempla un catálogo “preciso” de derechos y deberes de los universitarios. La LOSU reconoce el derecho a acceder a becas y un límite máximo de los precios públicos de las matrículas.

‘ABC’ publicó que en el borrador se eliminaba al Rey de la expedición de títulos universitarios. Fuentes del Ministerio dicen que Felipe VI seguirá expidiendo los títulos. “Aunque en la LOSU no aparece la mención expresa, es una cuestión de jerarquía normativa. En la LOSU se especifica en quién recae la responsabilidad (en este caso, los rectores y rectoras). El decreto de expedición de títulos, que en cualquier caso seguiría vigente, es el que amplia y detalla como se hace esa expedición y en ese decreto se especifica que es el rector o rectora en nombre del Rey”, señalan, sin hacer mención a que un real decreto no puede estar por encima de una ley orgánica.

El Gobierno va a reservar un 15% de las nuevas plazas para legalizar a los asociados doctores con una relación contractual previa mínima de cinco años. También quiere reducir la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la LOU al 20%. En tercer lugar, la ley contempla un aumento en la estabilización, pasando del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas. Este porcentaje preocupaba a los sindicatos, que recelan de la creación de una nueva figura laboral, paralela a la funcionarial, para titulares y catedráticos. Con el 55% se garantiza que haya mayor porcentaje de funcionarios que contratados.

Para acabar con la endogamia, la universidad convocante de plazas de docentes estará en minoría en el tribunal, cuyos miembros tendrán que pertenecer en su mayoría a otros campus y serán elegido por sorteo en función a bases de datos nacionales o internacionales. Además, se crea una base de datos de concursos del personal docente e investigador para dar publicidad a los mismos.

La escasa internacionalización de las universidades españolas es una de las grandes asignaturas pendientes. La ley va a intentar fomentar alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras y los doctorados de cotutela internacional. Y contempla una nueva figura de profesores “distinguidos” para atraer talento de fuera, aunque no queda claro que se les pueda pagar más. En línea con el modelo anglosajón, se permiten títulos interdisciplinares, menciones duales (carreras con prácticas en empresas), títulos universitarios e itinerarios abiertos para que los alumnos se creen carreras a la carta. También se definen nuevos ámbitos de conocimiento.

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