September 22, 2021

Una década de caos en la Junta por el cierre irregular de 95 entes y 792 despidos ordenados por el PSOE

Auditorías “Gastos innecesarios y sobresueldos” en la ‘administración paralela’ diseñada por el PSOE Fondos públicos La Junta de Andalucía, terrateniente de 17 fincas de más de 4.000 hectáreas en las que impera la mala gestión

El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos parece decidido a iniciar la prometida reforma del entramado de entes públicos, agencias y fundaciones que heredó del PSOE, tras conocer los resultados de las 54 auditorías al sector instrumental, difundidas a finales de julio. De momento, entre los planes del Gobierno, presidido por Juanma Moreno, no parece que estén los despidos más o menos generalizados de los 28.981 trabajadores adscritos a los 92 entes auditados.

En el horizonte está el caos desencadenado en la Junta por el PSOE cuando liquidó un centenar de entes (los 95 consorcios denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, Utedlt). Cerró estos organismos y despidió a las 792 personas que trabajaban en ellos: 95 directores y 697 técnicos o agentes locales de promoción y empleo (Alpe). El proceso fue tan irregular que provocó incluso la imputación por fraude de subvenciones, malversación y prevaricación del entonces consejero y gerente del SAE, el socialista Antonio Ávila, y una treintena de personas más. El caso fue finalmente archivado.

La liquidación de estos entes Utedlt y los despidos comenzaron hace más de una década, en 2010, en la etapa de José Antonio Griñán como presidente del Ejecutivo andaluz. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, los efectos del terremoto iniciado tras la extinción de estos entes y del despido de sus trabajadores todavía se notan en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como destaca la auditoría de este ente, consultada por EL MUNDO. Hubo despidos, pero el SAE tuvo que readmitirlos e indemnizarlos años después porque ganaron los pleitos que llevaron a los tribunales.

“La integración en el SAE” del personal procedente de las Utedlt y otros entes como la Faffe “ha sido un proceso muy complejo y que no podemos decir afirmar que esté concluido” porque a día de hoy “continuamos resolviendo las incidencias pendientes originadas en los procesos de integración (sentencias, reclamaciones, pagos o facturas no incluidas en la integración) en la medida en la que nuestro marco normativo y los recursos disponibles lo permiten”, dice el director gerente del SAE, Miguel Ángel Terrero, en las alegaciones remitidas a los auditores encargados de analizar esta agencia. Esta auditoría se difundió a principios de agosto.

Y es que los despidos de las plantillas de los Utedlt y otros colectivos le han costado al Gobierno andaluz unos 80 millones de euros, como admitió el vicepresidente del Gobierno andaluz y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín. Esta suma millonaria es la factura que la Administración ha debido pagar en indemnizaciones y otros conceptos a los trabajadores que fueron despedidos, recurrieron a los tribunales y los jueces les dieron la razón.

Por eso, los despidos generalizados parecen, de momento, aparcados. De hecho, en la presentación de las auditorías, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, eludió hablar de despidos porque en breve será necesario más personal para la gestión de los fondos europeos que debe asumir la Junta. Además, según Bravo, el 50% de los empleados públicos andaluces se jubilará antes de 2030, lo que permitirá que parte de este personal salga de forma natural de la plantilla autonómica.

Pero, ¿qué pasó tras el cierre de las Utedlt y el despido de su plantilla impulsado por el gobierno del PSOE? Las auditoría del SAE, elaborada por Price Waterhouse Coopers (PwC), incluye un pormenorizado relato sobre un proceso plagado de irregularidades que se volvió en contra de la Administración, al tener que dar marcha atrás a sus decisiones, readmitir a los trabajadores e indemnizarlos.

Los consorcios Utedlt quedaron extinguidos por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 27 de julio de 2010, pese a que inicialmente se iban a integrar en el SAE, en virtud de la Ley de Reordenación del Sector Público de 2011, más conocida como ley del enchufismo. Esa, es, precisamente, una de las claves que explica las sentencias que dieron la razón a los despedidos.

El Tribunal Supremo, en un fallo del 17 de febrero de 2014, estuvo de acuerdo con los empleados despedidos de las Utedlt, que habían planteado que existía una normativa autonómica, la Ley de Reordenación, que recogía la obligación del SAE de subrogarse en sus contratos. Por lo tanto, la Junta obró fraudulentamente al despedirlos y disolver los consorcios.

Esta actuación de la Junta «habría vulnerado los principios de buena fe contractual y la doctrina de los actos propios», alegaron los trabajadores, como recuerda la auditoría.

El Supremo aceptó la existencia de «fraude» en la conducta de los consorcios de la Junta y determinó la «nulidad» de los despidos, el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto y la condena solidaria de quienes habían participado en el «fraude de ley», que fueron la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, el SAE, cada consorcio y los ayuntamientos que los conformaban. Como los consorcios ya estaban liquidados, fue la Junta la que tuvo que asumir la sentencia.

A partir de ese fallo del Supremo, se produjeron decenas de resoluciones judiciales en cascada, en las que se les daba la razón a los trabajadores. Por ello, fueron readmitidos a partir de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 en un proceso lleno de conflictividad. Como el Gobierno de Susana Díaz se resistía a dar cumplimiento a las sentencias, se produjeron infinidad de protestas de este colectivo ante la sede de la Presidencia de la Junta, en el Palacio de San Telmo, y a las puertas de la sede del PSOE andaluz, como la organizada en marzo de 2015.

La extinción de los consorcios Utedlt no sólo tuvo la vertiente judicial por los despidos. También hubo investigaciones penales en juzgados de instrucción de toda Andalucía, que finalmente fueron archivadas.

Esas pesquisas se abrieron por las denuncias de la Fiscalía sobre este asunto, que derivan de un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que alertó de que la Junta había repartido «sin control» 57,3 millones de euros entre los 95 consorcios Utedlt entre 2010 y 2012, durante la etapa de Manuel Recio y Antonio Ávila al frente de la Consejería de Empleo.

Los 57,3 millones sirvieron para pagar los «costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de contratos» de la plantilla de las 95 Utedlt.

Hubo otra investigación en un juzgado de Sevilla centrada en el ex consejero Ávila y una treintena de personas. La Fiscalía apreció indicios de malversación y prevaricación en el reparto de subvenciones excepcionales por valor de 5.846.298 euros entre los trabajadores del centenar de Utedlt para abonarles la indemnización por finalización del contrato.

Estas ayudas de 5,8 millones las firmó Antonio Ávila, que llegó a estar investigado por este asunto por la Fiscalía Superior de Andalucía por su condición de aforado. Al archivar el caso, el juez entendió que había evidentes “incumplimientos”, pero “aún teniendo trascendencia en el ámbito administrativo, carecen de relevancia penal”. El caso evidenció una “falta de control efectivo sobre la gestión desarrollada”, pero ello no significa que “haya existido una mala gestión o una gestión fraudulenta”, dice el auto de archivo de mayo de 2017.

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