September 21, 2021

La Fiscalía y la Audiencia Nacional se alinean para reclamar a Marlaska el expediente de repatriación de los menores marroquíes de Ceuta

La Audiencia Nacional ha dado un plazo de cinco días desde este jueves al Ministerio del Interior, coordinado por Fernando Grande-Marlaska, para que presente “el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes” de la operación para repatriar desde Ceuta a los menores marroquíes no acompañados que están desde mayo en centros de acogida de la ciudad autónoma.

Se trata de un requerimiento de “carácter urgente” que llega después de que el tribunal haya decidido abrir pieza nueva “sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares” solicitadas por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

La Audiencia Nacional rechazó este miércoles la adopción de medidas cautelares, después de recibir el oficio remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad, al no apreciar vulneración de derechos alguna.

No obstante, en su análisis, la Sala de lo Contencioso recalcaba lo “escuetamente fundamentada” que estaba la orden dada por Interior y que la legislación española debía cumplirse tal y como exige el convenio bilateral entre España y Marruecos de 2007 en el que se ha avalado hasta la fecha el traslado de los jóvenes.

En estas palabras de la Audiencia Nacional se ha basado también la Fiscalía, que paralelamente ha solicitado mantener paralizadas las devoluciones, como acordó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta, que suspendió las repatriaciones durante 72 horas, a la espera de recabar información sobre cómo se había preparado y fundamentado el retorno de unos 800 menores marroquíes.

Una suspensión cautelar que debería finalizar entre este jueves y este viernes, pero que podrá alargarse hasta que la magistrada tome una decisión, en base a las informaciones requeridas a la Fiscalía y a la Delegación de Gobierno.

La Fiscalía se mantiene en la misma posición que el pasado fin de semana, cuando denunció que no existía expediente administrativo alguno ni se le había avisado con los tiempos correspondientes. “Persisten las mismas circunstancias”, ha reiterado el Ministerio Público este jueves.

Unas tesis que, según expresa la Fiscalía, defiende también la Audiencia Nacional en el auto emitido este miércoles en el que incide en la necesidad de cumplir la ley española, como se expresa en el artículo 5 del convenio bilateral.

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