September 22, 2021

Salud reordena la red de empresas públicas sanitarias en Andalucía para eliminar “duplicidades”

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La Consejería de Salud ha iniciado una reordenación del entramado de empresas, agencias y fundaciones públicas sanitarias que permitirá teóricamente simplificar la red y evitar duplicidades y sobrecostes en la gestión, según anunció este miércoles el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

La principal novedad será la integración en la estructura del Sistema Andaluz de Salud de las cuatro empresas públicas a través de las cuales se gestionan los hospitales de la Costa del Sol, el Poniente de Almería y los del Alto y el Bajo Guadalquivir, además de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). El proceso se ha iniciado ya este año para unificar tanto las plantillas como los sistemas de información y logística.

Este camino emprendido por la Consejería de Salud va en línea con las conclusiones y recomendaciones de las auditorías desarrolladas en el sector precisamente para buscar mecanismos que permitan prestar mejores servicios a menor coste. Salud sostiene que muchas de las recomendaciones que se desprenden del análisis realizado ya se habían puesto en marcha por parte de la Consejería de Salud.

Esas auditorías, explicó ayer el consejero Aguirre a través de un comunicado, «revelan una duplicidad en la gestión». «Esta duplicidad es algo que ya conocíamos. Por eso, desde la Consejería de Salud y Familias venimos trabajando en su eliminación desde que llegamos al Gobierno». Así, por ejemplo, los auditores (la compañía PWC) proponen la eliminación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene su sede en Granada, de manera que sus funciones y recursos los asuman otros entes de la Junta.

La Consejería, sin embargo, ha optado por desatender esta sugerencia pero sí modificará la naturaleza jurídica del organismo, que pasará a convertirse en el Instituto Andaluz de Salud, de manera que sus trabajadores pasarán a ser personal laboral de una agencia administrativa y no de una sociedad anónima. El organismo seguirá teniendo su sede en Granada.

El consejero de Salud insiste en que muchas de las recomendaciones que realizan los auditores ya han sido adoptadas por la Junta. Por ejemplo, en 2020 se amplió la sala de Observación en el Hospital de la Costa del Sol y se está pendiente de otra operación para ampliar el área de Urgencias. Igualmente, anunció unas obras para ampliar las urgencias del Hospital de Poniente (Almería), mejorando las instalaciones en la zona de atención para el Covid 19, las salas de espera o el área de atención pediátrica.

Los auditores también han propuesto buscar financiación extraordinaria para los entes públicos de manera que no dependan casi exclusivamente de las transferencias que les llegan desde la Junta.

A este respecto, sugieren que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) capte ingresos potenciando su área de formación. La Consejería de Salud también dice haberse adelantado a este asunto, habiendo modificado el convenio colectivo para retribuir las horas de docencia de sus trabajadores y hacer posible, de esta manera, que crezcan las actividades relacionadas con la formación en emergencias. Así, por ejemplo, se subraya que el EPES se ha convertido en el primero centro de la sanidad pública autorizado para impartir formación en «atención prehospitalaria al trauma grave» y en emergencias pediátricas, tras la acreditación de la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT).

En relación a la Fundación FAISEM (dedicada a la atención e integración de enfermos de salud mental), los auditores proponen centralizar las compras para conseguir precios más competitivos y actualizar los protocolos para el seguimiento más efectivo de los usuarios.

En lo que respecta a la Fundación Progreso y Salud (dedicada a las actividades que mejoren la salud pública y el funcionamiento de los servicios), los analistas sugieren revisar los controles internos para evitar «desviaciones» sobre sus objetivos y procedimientos.

Por último, sobre las fundaciones públicas dedicadas a la investigación FISEVI, FIMABIS y FIBAO, la auditoría propone reducir el peso de la participación pública en las mismas y reconvertir su estatus como fundaciones privadas.

La Consejería de Salud no se ha pronunciado, de momento, al respecto de si piensa o no adoptar estas últimas recomendaciones.

En total, el Gobierno andaluz encargó a diferentes compañías privadas 54 auditorías del sector público instrumental, la conocida como administración paralela, con el objeto de conocer con detalle su estructura y las lagunas de funcionamiento. El coste de este macroestudio ronda los 2 millones de euros. «Los resultados ponen de manifiesto una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios», ha resumido el Gobierno.

Por ese motivo, se viene anunciando un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental. La reducción del entramado de empresas, agencias y fundaciones es un compromiso del Gobierno andaluz desde su llegada a la Junta. Sin embargo, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha descartado ya que la reorganización vaya a suponer despidos en esos organismos, pese a que en muchos casos los procesos de selección del personal que trabaja en los mismos incumplieron los requisitos mínimos de acceso al empleo público.

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