September 21, 2021

Piden cinco años de cárcel para un ex alcalde de CiU por cargar al ayuntamiento el coste de su abogado

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La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo septiembre al ex alcalde de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona), Jaume Borrell, y a otros tres ex concejales de CiU en anteriores leguslaturas por cargar a las arcas municipales el coste del bufete de abogados que los defendió entre 2009 y 2013 cuando se vieron inmersos en un proceso penal por prevaricación urbanística del que resultaron condenados. Ahora, la Fiscalía los acusa de un nuevo delito de prevaricación administrativa en concurso de otro de malversación de caudales públicos y pide una pena de 5 años y medio de cárcel para el ex alcalde, los tres ex concehales Josep Missé, Pedro Vegas y Teresa Llongarriu, así como al interventor municipal que permitió los pagos.

El escrito fiscal señala que en 2009 los procesados, entonces responsables del gobierno en el Ayuntamiento de Sant Cebrià, fueron imputados por un juzgado de Arenys de Mar por prevaricación al autorizar en 2004 la actividad de restauración de un local ubicado en terrenos catalogados como rústicos. Tras un proceso judicial de 5 años la Audiencia de Barcelona, la misma que los juzgará por malversar, ratificó una condena del Juzgado Penal 1 de Arenys a los procesados de 16 años de inhabilitación para ocupar un cargo público y una multa de casi 3.000 euros.

En el tiempo que duró este proceso judicial los acusados cargaron varias partidas al erario público que suman 26.385 euros por los honorarios del bufete de abogados que los defendía. El fiscal señala que se hizo “indebidamente” y que no lo devolvieron cuando fueron condenados por sentencia firme de la Audiencia de Barcelona. El Ministerio Público remarca que antes de autorizar los pagos la Junta de Gobierno Local de Sant Cebrià, entre los que estaban los acusados, los aprobaba y que el interventor municipal “omitió a sabiendas la ilegalidad” de la conducta de los cargos municipales.

La Fiscalía detalla que los pagos realizados al despacho de abogados se hicieron “pese a no existir habilitación presupuestaria para ello y sin que constase aprobación de modificación presupuestaria alguna acordada mediante ampliación de crédito o de un creídto extraordinario mediante la necesaria incoación de expediente administrativo en tal sentido ocasionando, de esta forma, grave prejuicio a las arcas públicas”.

El restaurante que dio origen a todo el proceso judicial e indirectamente al juicio que se celebrará en septiembre conta los ex ediles de Sant Cebrià sigue abierto ofreciendo un servicio de restauración tras conseguir los permisos correspondientes hace años, antes de la primera condena a los acusados.

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