October 24, 2021

Reclaman ayudas económicas para escolarizar en español a los hijos de policías destinados en Cataluña

Educación Sólo uno de cada 10 catalanes avala el modelo de inmersión lingüística de los colegios de Cataluña Tribunales El TSJC obliga a un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña por su uso “residual”

Aseguran que, todos los años en estas fechas, reciben peticiones de familias que buscan colegio para escolarizar a sus hijos en español. Principalmente son alumnos que se escolarizan por primera vez pero también hay casos de traslados dentro de España por razones laborales. Esta última situación es lo que se ha encontrado la asociación Hablamos Español cuando hace una semana recibió la consulta de varios miembros de la Policía Nacional destinados a Barcelona. Les solicitaron ayuda para que sus hijos reciban clases en español pero no hay oferta pública educativa que lo permita, sólo tres colegios concertados, que, además, son bilingües.

“No se trata de centros de enseñanza donde los hijos de los policías puedan comenzar el curso con enseñanza en su lengua materna, sino colegios que, al menos, dan cumplimiento a las sentencias que obligan impartir las clases con un mínimo de un 25% en español. Lamentablemente son colegios que estas familias no pueden costear sin ver sus notablemente reducidos, de facto, sus ingresos y algunos tienen más de un hijo en edad escolar”, aseguran desde la entidad.

Por eso, han presentado una instancia a los ministerios de Interior y Educación para que “los hijos de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en las Comunidades Autónomas donde exista lengua cooficial junto al español y se utilice como lengua vehicular, puedan cursar sus estudios en su lengua materna si así lo demandan y queden exentos de cualquier tipo de inmersión lingüística“.

Sin embargo, mientras se articulan los cambios normativos para conseguir esta petición, reclaman que “se conceda una compensación económica” a las familias de los agentes “para hacer frente a los gastos derivados de la escolarización de sus hijos a los funcionarios sujetos a movilidad forzosa que han sido destinados a Comunidades Autónomas donde no existe oferta pública de plazas escolares con el mínimo legal de asignaturas con el español como lengua vehicular”.

En su petición a los ministerios, la entidad considera que “los hijos de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están sufriendo muy directamente las consecuencias de los traslados de sus padres o madres a comunidades autónomas con una lengua diferente del español. Esto se puede comprobar realzando un seguimiento de sus expedientes académicos y, por supuesto, hablando con ellos y con sus familias. Tenemos constancia de que algunos de estos niños y jóvenes son sometidos a enseñanza en varias lenguas diferentes a lo largo de su escolarización. Nos constan incluso testimonios de familias que han decido separarse a causa del problema lingüístico, permaneciendo un miembro de la familia en otra comunidad, para que sus hijos no se vean abocados a una inmersión de lengua total o parcial”.

Por eso, asesoran a estos funcionarios para que ejecuten sus derechos a que sus hijos sean escolarizados en castellano y puedan usar “su lengua materna para preguntar en clase y realizar sus exámenes”. Hablamos Español, que cuenta con el respaldo del sindicato de Policía Nacional Jupol y la asociación de agentes de la Guardia Civil Jucil a su petición, considera que “el problema económico a que se enfrentan estas familias debería ser afrontado por el Gobierno” ya que estos funcionarios, como los policías, están sujetos a “movilidad forzosa”. En este sentido, recuerdan que existía un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Educación para que los hijos de los militares tuvieran “ciertas facilidades que suavizaban su escolarización en comunidades con más de una lengua oficial”.

Para Hablamos Español “en las comunidades autónomas con lengua cooficial, el alumnado hispanohablante está siendo discriminado lingüísticamente en la enseñanza” ya que en ninguna “podemos escolarizar a nuestros hijos plenamente en español”. Además creen que “esta inmersión forzosa total o parcial a la que son sometidos, dificulta el aprendizaje” ya que “como mejor se aprende es en lengua materna”. Por eso mantienen que “la enseñanza con otras lenguas como vehiculares ha de realizarse con seguimiento profesional y ha de ser voluntaria, porque es esencial que exista un especial interés en aprender esa lengua a un elevado nivel”, simplemente por el “esfuerzo añadido” que requiera aprender una “lengua no materna”.

Así remarcan que las consecuencias de esta situación son alumnos con pobreza de léxico y sintáctica y “minusvaloración de la lengua de la familia en la escuela, al estar vetada como vehicular y por, lo tanto, como lengua de cultura”. Para evitar esta situación reclaman que el Gobierno garantice el estudio del castellano como lengua vehicular a los agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados a comunidades con una lengua cooficial.

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