September 22, 2021

El juez levanta la imputación a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank por la contratación de Villarejo

Declaración Fainé descarga en Brufau la responsabilidad de investigar a Del Rivero y ambos se desentienden de Villarejo Dinero fresco El presidente de Repsol ante el ‘caso Villarejo’: “Fainé y yo estamos tranquilos, no vamos a dimitir”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este jueves el archivo de la causa abierta por la contratación del comisario José Manuel Villarejo respecto de Repsol y Caixabank y de sus respectivos presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé.

En relación a Fainé y Brufau, el magistrado ordena el sobreseimiento al no constar su participación en la contratación de la mercantil Cenyt, propiedad de Villarejo y que recibió el encargo de investigar al constructor Luis del Rivero por su operación para hacerse con el control de la petrolera. “Efectivamente, no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos presidentes en la contratación de Cenyt”, dice el juez.

“Si bien es cierto que existió una conversación entre el Sr. Fainé y el Sr. Brufau, no negada por ninguna de las partes, sobre la contratación que ejecutaron los Directores de Seguridad de ambas empresas, no consta en la causa otra participación del Sr. Fainé que informar a Miguel Ángel Fernández Rancaño [jefe de Seguridad de La Caixa] que Repsol ya habría contactado con una empresa y que hablase con su homólogo de Repsol”, explica el juez.

Conforme a la documental aportada por ambas compañías, el instructor considera que la contratación no recaía en el ámbito de control del presidente, sino en el de sus directores de seguridad, también imputados en la causa. “Sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello”, dice el auto.

El magistrado resalta que la ley no establece la responsabilidad objetiva de los presidentes de las compañías por razón del cargo, por lo que no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de ambas empresas por el mero hecho del cargo que ostentan “en ausencia de indicios sólido de su participación directa o indirecta en los hechos investigados”.

En cuanto a la exoneración de Repsol y Caixabank como personas jurídicas, García Castellón considera que cuando se produjeron los hechos objetos ambas compañías tenían implantado “un sistema de prevención y cumplimiento eficaz, sin que las acusaciones hayan aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión vigentes en las compañías”.

“Los mecanismos de prevención implantados existían y eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación”, añade el auto de archivo, que considera que concurre para las compañías la eximente de responsabilidad criminal prevista en el código penal. “Ambas empresas contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad”, concluye el juez.

Pese a los archivos, la causa por los contratos a Villarejo sigue adelante contra otros imputados, principalmente el propio Villarejo y los jefes de Seguridad de Repsol y Caixabank.

El juez precisa en el auto que, pese al archivo, tanto Repsol como Caixabank podrían resultar condenados como responsables civiles a responder económicamente por los delitos que se atribuyeran finalmente a empleados de las compañías, en particular a sus jefes de Seguridad.

El juez se ha pronunciado este jueves sobre otra de las ramas del caso Villarejo, la que alcanza a sus negocios con Mutua Madrileña. En este caso no ha sido para archivar, sino para llevar el asunto a juicio.

El juez instructor ha finalizado la instrucción de la pieza 15 de la operación Tándem y ha propuesto juzgar por cohecho al ex director de Seguridad de Mutua Madrileña Benjamín García Cañón, a José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por contratar a la empresa Cenyt del comisario jubilado para confeccionar un informe de solvencia sobre un expresidente de la entidad.

Se trata del proyecto denominado Autumm, por el que la sociedad de Villarejo percibió 16.000 euros.

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