October 25, 2021

El juez envía a juicio al ex ministro Fernández Díaz y su cúpula de Interior por el espionaje a Bárcenas en la operación Kitchen

Tribunales Kitchen: el juez imputa al ex ministro Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal a Bárcenas Tribunales Cospedal se desvincula de la ‘operación Kitchen’ y pide que se investigue el origen real de la fortuna suiza de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la ex cúpula del Ministerio con el PP por la operación Kitchen, el operativo policial para robar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación del caso Gürtel que podía perjudicar al PP.

El auto dictado este jueves considera que ese operativo habría supuesto la comisión de media docena de delitos: descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Además de al ex ministro, el juez envía a juicio al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al ex Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem, José Manuel Villarejo, así como al ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.

El juez instructor da por finalizada la investigación y reclama a la Fiscalía y el resto de acusaciones que presenten sus escritos precisando los delitos y penas que reclaman. Esos escritos supondrán la celebración del juicio. La única vía que les queda a los afectados para evitar el banquillo es que el tribunal que revisa las decisiones del juez estime los recursos que presenten contra la decisión del instructor de llevar el caso a juico. También cabe la posibilidad de que las acusaciones recurran para prolongar la investigación con las diligencias que les han sido denegadas, algo que dilataría el juicio pero no lo frenaría.

María Dolores de Cospedal, al acudir a declarar a la Audiencia el pasado junio.Chema MoyaEFE

A diferencia de lo ocurrido con la cúpula de interior, el juez archiva la causa por falta de indicios para la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz, así como para Enrique Olivares. En el auto, de 81 páginas, el juez afirma que “debe descartarse la existencia de una trama política” en el PP ajena a la del Ministerio del Interior.

Cospedal reconoció haber mantenido reuniones con Villarejo, pero negó que en ellas le hiciera “encargo alguno”. Se reunió con el comisario “por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación”. El juez no encuentra indicios de una tesis diferente y resalta que las meras reuniones no son delictivas.

Tampoco detecta indicios de que Cospedal hiciera llegar fondos a Villarejo: “Por lo que se refiere a los famosos pagos, no consta acreditado que se efectuara entrega de dinero alguno por nadie del entorno de la Sra. Cospedal, ni por el Sr. López del Hierro al Sr. Villarejo; ni en el contexto de los hechos investigados en esta pieza ni en ningún otro”.

Sobre Cospedal pendía también la posibilidad de que hubiera sido ella quien maniobrara para que el chófer accediera a colaborar. No hay indicios de ello más allá de referencias en anotaciones de Villarejo “que no han logrado corroborarse con indicios sólidos”.

Al decretar el archivo respecto a Cospedal, el juez resalta que, a diferencia de los que ocurre con los responsables de Interior, respecto de los que existe “una sólida base” para llevarlos a juicio, en el caso de la ex secretaria general del PP, su marido y su jefe de Gabinete “resulta llamativa la debilidad” de las razones que justifican su incriminación.

La imputación a Cospedal y López del Hierro de una “participación intelectual” no deja de ser, argumenta el juez, “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.

El juez relata que entre 2012 y 2013 los investigados se pusieron de acuerdo para activar el operativo en torno a Bárcenas. “Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez”.

El objetivo era “sustraer dicho material de la autoridad judicial” en la investigación que se llevaba a cabo en la investigación sobre los papeles de Bárcenas, una rama del caso Gürtel.

Francisco Martínez, prosigue el juez, “asumió la coordinación de la operación”, cuya planificación y desarrollo encomendó al Director Adjunto Operativo. Eugenio Pino, a su vez, trasladó el encargo a José Manuel Villarejo, que para su ejecución se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos. Posteriormente recurrió a otro comisario, Enrique García Castaño, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao). Este “asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad”.

La operación consistió en “captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas”, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Javier Ríos Esgueva quien desde principios de febrero de 2013 era el chófer del matrimonio Bárcenas, y persona de máxima confianza del entorno familiar. Dentro de la operación se conocía al chófer como cocinero, K2 o Kitchen, de ahí el nombre de la operación.

El DAO encomendó a Villarejo y García Castaño que se ganaran la confianza y colaboración del chófer a cambio de 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Para acceder al chófer, los dos comisarios se valieron de un inspector jefe, Andrés Gómez Gordo.

La resolución indica que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, “sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener este”, la pretensión de Villarejo y García Castaño “sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder, sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela”.

La operación tuvo éxito y García Castaño se hizo con ella en octubre del año 2013. Según el juez, el imputado la tiene aún en su poder. Villarejo habría reclamado “insistentemente” una copia con el conocimiento del DAO.

Para obtener esta información, los investigados accedieron sin autorización judicial al taller de restauración de Rosalía Iglesias, al que se referían como “el zulo”. El material se encontraba en un armario con un doble fondo.

El juez explica “las disfunciones e irregularidades en la gestión y en control” de los fondos reservados habrían permitido su utilización ilícita, propiciando “tanto la financiación” de la operación policial ilegal “como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”. El juez apunta a Francisco Martínez como la persona que habría autorizado que se pagara al chófer con fondos reservados.

El instructor rechaza la petición de prórroga de la investigación solicitada por las acusaciones y la práctica de nuevas diligencias. Respecto a las pedidas por Anticorrupción, el magistrado recuerda que la ley no admite investigaciones prospectivas. “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”, dice García-Castellón.

El juez reprocha al Ministerio Público que haya pedido nuevas diligencias para comprobar la tesis de Villarejo de que informaba de la operación a Mariano Rajoy mediante mensajes a teléfonos que se la habían indicado. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el Sr. Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, dice el auto, que considera que la pretensión “se interesa en el más absoluto vacío indiciario”.

“Llama la atención que el fiscal no haya observado que el teléfono […] aparece referido en este procedimiento porque lo aporta el propio investigado Sr. Villarejo; es este el único que habla de este teléfono, del que no hay rastro alguno en la causa”.

“Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor”, prosigue García-Castellón tras indicar que no hay rastro alguno de esos contactos más allá de la reciente declaración de Villarejo, “no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades”.

Añade que la Fiscalía está en su derecho de pedir más diligencias referidas a algún número de teléfono de “vinculado con cualquier otra institución, organismo, club, comunidad, grupo, conjunto o sociedad, buscando partícipes y cómplices allí donde le apunte el investigado Sr. Villarejo”.

“Más preocupante”, concluye, “es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza. Es precisamente en estos casos cuando más necesaria se hace la valoración sosegada del Magistrado, que no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante, de aquello que ni aporta ni añade”.

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