September 22, 2021

El Consejo de Garantías avala el uso “excepcional” de fondos públicos para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Consejo de Garantías Estatutarias ha avalado el decreto de la Generalitat por el que creó el fondo de 10 millones para cubrir a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) las fianzas de los líderes independentistas acusados de malversación. No obstante, advierte que este mecanismo debe ser «excepcional y muy limitado en el tiempo» y recomienda modificar el redactado de la norma para sustentar la implicación delICF en la maniobra del Govern.

Tras recibir el visto bueno del organismo-adoptado por unanimidad-, el Parlament validará esta misma tarde el decreto de la Generalitat y, previsiblemente, con los votos a favor del independentismo y la abstención del PSC y de los comunes, que habían adelantado que no se opondrían al ardid del Govern si el órgano consultivo consideraba que se ajustaba al Estatut y la Constitución, como finalmente ha ocurrido.

El Consejo de Garantías considera «razonable y legítimo» que el «derecho de los servidores públicos a recibir protección de la Administración en el ejercicio de su cargo se extienda también a altos cargos y cargos electos» y que los acusados por el Tribunal de Cuentas se beneficien de esta máxima.

Compra el organismo el argumento esgrimido por el Gobierno catalán cuando considera que el fondo de la Generalitat puede tener «multiplicidad de aplicaciones» y no únicamente ir dirigido a los encausados por promocionar con dinero público la causa independentista en el extranjero. «Sin ninguna especificación personal o temporal, incluye en su ámbito de aplicación a personas que tengan o hayan tenido la condición de personal de la Generalitat o miembros del Govern por actuaciones en el ejercicio de su cargo que puedan requerir la protección del fondo para hacer frente a obligaciones de responsabilidad civil, patrimonial o contable», aduce en el dictamen.

Al espaldarazo de un órgano reiteradamente desoído por el secesionismo durante el procés para continuar adelante con su proyecto rupturista, se agarrará el Govern presidido por Pere Aragonès para cristalizar en sede parlamentaria una treta que, en paralelo, está siendo investigada por Fiscalía, después de una denuncia presentada por Ciudadanos.

El líder de la formación constitucionalista en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha anunciado en este sentido que apurarán la vía judicial con la convicción de que concluirá que el mecanismo ideado por la Generalitat es «prevaricador, malversador y en suma delictivo». «Un atraco es un delito y lo deben decir los tribunales», ha zanjado Carrizosa, quien ha subrayado que ninguna entidad financiera privada quiere cubrir el fondo de la Generalitat.

«Es un mecanismo para restablecer el espacio de liberad, para hacer política en Cataluña sin el miedo y la angustia vividos en los últimos tiempos», ha defendido el consejero de Economía, Jaume Giró, escudándose en la acreditada constitucionalidad de su plan.

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