August 1, 2021

El voto de Conde-Pumpido sobre el estado de alarma: “La sentencia crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias”

El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha emitido un voto particular muy duro con los argumentos y los magistrados que apoyaron la inconstitucionalidad del confinamiento decretado en el primer estado de alarma , el 14 de marzo de 2020, por la pandemia del coronavirus.

El magistrado afirma que los seis magistrados que han apoyado la sentencia confunden conceptos (limitación y suspensión) y buscan “atajos” para llegar al objetivo de declarar la inconstitucionalidad del real decreto, con consecuencias peligrosas.

“Constituye una tradición del tribunal citar la frase del primer presidente, García Pelayo, quien señaló que la función del Tribunal Constitucional es la de resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. La sentencia de la mayoría hace exactamente lo contrario. No resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

“Y no responde en absoluto”, añade el magistrado, “a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político [Vox] que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga”.

La tesis de la mayoría es que debía haberse declarado el estado de excepción, porque lo que hizo el real decreto del 14 de marzo de 2020 fue suspender derechos, no sólo limitarlos. El voto sostiene que “lo que diferencia la categoría de la suspensión de la de la restricción es la sustitución, entre otras, del régimen de garantías al que se someten las limitaciones de un concreto derecho y no el grado de intensidad o la generalidad de estas”.

Considera que la razón para que la sentencia califique como “suspensión” una “restricción muy intensa” de los derechos de libertad de circulación y reunión “no parece ser otra que, como se ha denunciado, permitir un atajo argumental para lograr una declaración de inconstitucionalidad”.

A juicio del magistrado resulta llamativo que la sentencia proponga aplicar un estado, el de excepción, donde “las garantías constitucionales desparecen”, en lugar de aquel donde ello no ocurre, el estado de alarma.

“Se trata de una curiosa concepción de los derechos fundamentales, pues los que la sostienen afirman, erradamente, que su construcción serviría a una mayor garantía de aquellos, cuando es precisamente al contrario, pues su efecto es, como hemos visto, la supresión de las garantías constitucionales a cambio de la mera parlamentarización de su declaración”, dice en referencia que el estado de alarma lo ratifica primero el Congreso, frente al de alarma, que la Cámara examina sólo a posteriori si es que se va a prorrogar.

Conde-Pumpido resalta continuamente que el estado de excepción es mucho más duro con los derechos fundamentales que el de alarma. “Proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos en lugar de restringiéndolos y dejando incólumes algunas de sus garantías constitucionales es no entender el sistema de derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental”, dice el ex fiscal general del Estado con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El voto emplea un tono duro con la sentencia. “En un ejercicio más propio de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución, viene a considerar que tanto el Gobierno como el Parlamento que prorrogó las medidas inicialmente adoptadas con más del 90% de apoyo de la Cámara y sin ningún voto en contra, erraron en la elección del estado declarado”.

El voto, junto con los de los otros cuatro magistrados discrepantes, se comunicará oficialmente la próxima semana, junto con la sentencia finalmente respaldada por seis magistrados.

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