August 4, 2021

Pedro Sánchez remodela el Ministerio de Justicia tras quemar el cartucho de los indultos y tensar la relación con el CGPJ

Tribunales El ministro Campo defendió en 2017 en el Congreso limitar los indultos y prohibirlos en casos de malversación Poder Crisis de Gobierno: quiénes salen y quiénes entran en el nuevo Ejecutivo de Sánchez

Estaba claro que los indultos recién concedidos a los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo iban a marcar un antes y un después en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta entonces no se planteó ejecutar su reforma del Ejecutivo y contó con que el desgaste que suponen las medidas de gracias a los nacionalistas, el peaje para contentar a sus socios de ERC , iba a factura. Así, en la remodelación del Gobierno anunciada por Sánchez aparta del Ministerio de Justicia a Juan Carlos Campo, que fue quien firmó los indultos, un año y seis meses después de su nombramiento.

Campo será recordado por significarse en los últimos meses a favor de conceder la medida de gracia y tratar de explicar las ventajas que tenía, no sólo para el Gobierno, sino para la nación. “Perdonar no implica olvidar, perdonar supone darse otra oportunidad para hacerlo mejor”, aseguró el entonces ministro hace unas semanas. Habló de nuevo de “reconciliación y reencuentro” con el secesionismo. Desde su Ministerio se prepararon los expedientes que facilitaron los indultos parciales concedidos por Gobierno a los nueve condenados, justificados por la utilidad pública que supone “asegurar la convivencia libre y pacífica”.

Sin embargo, incluso sin la losa de los indultos Justicia no será una cartera fácil para su sustituta, la presidenta del Senado, Pilar Llop. El nacionalismo exigirá una reforma del Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición, así como una solución para los fugados como el ex president Carles Puigdemont o la dirigente de ERC Marta Rovira.

Llop es, como Campo, juez de carrera. En su caso, especializada en materia de género, especialmente cuidada por Pedro Sánchez. Estuvo al frente de un juzgado de esa especialidad y fue Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Dejó el puesto para ser diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, desde donde dio el salto a la Cámara Alta como senadora por designación autonómica.

El otro tema clave de su futura cartera, junto a los indultos, será el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Con su buen conocimiento del Consejo -él mismo fue vocal- y su talante negociador, Campo había llegado al ministerio con ese encargo principal.

Tras un año y medio en el puesto, las cosas están igual y, al mismo tiempo, peor. Igual porque el acuerdo sigue sin salir, pese a que Campo ha asegurado varias veces que el pacto con su homólogo negociador en el PP, Enrique López, estaba cerrado. Sin embargo, la continua tensión política entre los dos partidos mayoritarios ha impedido que se rematara.

Y están también peor porque los intentos del Gobierno de presionar al PP para que pactara han tensado la relación con el CGPJ y los jueces en general. El Gobierno le ha quitado la capacidad de hacer nombramientos en funciones y amagó- la UE se lo ha impedido- con renovarlo a las bravas estableciendo que bastaba con una mayoría absoluta del Congreso, en lugar de los dos tercios actuales.

Aunque Llop esté acertada en la materia de la renovación, se trata de un asunto enquistado que está ya por encima de los responsables de Justicia de los partidos.

La lista de tareas en marcha es larga. Campo llegó a poner en marcha la reforma más ambiciosa de la Justicia en los últimos años, la que pretende modificar de forma radicar el proceso penal. Llop deberá proseguir con la sustitución de la ley de Enjuiciamiento Criminal por otra norma que deja la investigación en manos de los jueces. Se trata de una tarea larga que seguramente, si llega a aplicarse, acabe rematando quien la suceda.

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