July 31, 2021

Vox inicia acciones legales contra la Generalitat por destinar 10 millones “para ayudar a los golpistas”

Cataluña La Generalitat se inventa un fondo de 10 millones para pagar las multas del Tribunal de Cuentas Procés El Tribunal de Cuentas advierte de que Pere Aragonès cometerá un “fraude de ley” si avala a los embargados del ‘procés’

Vox tiene claro su nuevo itinerario judicial para hacer frente al último movimiento de la Generalitat respecto a la creación del fondo de 10 millones de euros para avalar el pago de los condenados por el procès de las fianzas al Tribunal de Cuentas.

En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal va a presentar n recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, según explican desde sus servicios jurídicos.

Además, ultima una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Gobierno catalán precisamente por la creación del fondo de diez millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista no tengan que pagar las fianzas de 5,4 millones que les exige el Tribunal de Cuentas. Los delitos por los que se presenta la querella son prevaricación, y malversación.

El equipo jurídico de Vox también denunciará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos “a fin de que adopten las medidas oportunas contra el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà“.

La vicesecretaria Jurídica de la formación, Marta Castro, advierte que el delito de prevaricación “no sanciona la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad”. “Existe intencionalidad clara de tratar de beneficiar a los miembros condenados por el Tribunal de Cuentas, cuando no pueden tener cobertura ni apoyo de la Generalitat puesto que la actividad de la que dimana el embargo y la causa de la solicitud de fianza es el ejercicio arbitrario y abuso de poder de los mismos”, explica.

Castro destaca que “si existe el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es porque la actuación de los funcionarios y cargos públicos fue ilegal y deben reintegrar al erario lo que emplearon para un fin ilícito y contrario a derecho”.

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