June 21, 2021

Hacienda, condenada a pagar 6.000 euros por arruinar la celebración de una boda porque el catering debía dinero al fisco

“Venimos a embargar la boda”. Parece un guion de una película de Berlanga, pero desgraciadamente para los novios no lo fue. Todo lo contrario. Era el sábado 1 de junio de 2019 en la finca Los Cañizos de Badajoz. La novia, Irene -de blanco radiante- pidió a sus dos primas que le acompañasen al aseo de una estancia privada del cortijo donde se celebraba el evento -al que concurrieron unos 100 invitados- para ayudarla con la parte inferior del traje, que era muy voluminoso. De repente, tras salir del baño, se encontraron por sorpresa en el interior de la habitación que tenía reservada la novia a dos funcionarios de la Agencia Tributaria en Extremadura. Uno de ellos, sentado “como si estuviera en su casa”, expresó que “eran de Hacienda” y que la “boda se iba a parar si no firmaban unos documentos” que nunca les llegaron en enseñar.

Tanto Irene como sus primas pensaron en un momento que se trataba de una broma de algunos amigos del novio, que eran actores de profesión. Pero la cara de los empleados públicos no era precisamente de chiste y la situación se agravó cuando uno de ellos utilizó el término “delito” para “amedrentar” a la novia, según la sentencia. La cosa iba en serio. Fue entonces cuando les advirtieron de que si los novios pagaban los gastos de la boda a la empresa del catering cometerían un delito.

Había comenzado la pesadilla del banquete nupcial. Eran poco más de la cuatro de la tarde -se habían casado dos horas antes- y la situación esperpéntica no se solucionaría hasta pasada las 20.30 horas. La gran celebración -como en cualquier evento similar- quedó completamente arruinada pues, para que no faltara de nada, incluso acudió -a instancias de los funcionarios- una pareja de la Guardia Civil. Los novios se habían negado a firmar in situ cualquier documento al alegar que no estaban en condiciones para ello, tampoco para leer ningún tipo de informes contra la empresa del catering por sus deudas con el fisco, que supuestamente les iban a entregar en plena celebración.

“A la novia le dio un ataque de ansiedad y lloró mucho”, relata el abogado de la pareja, Eduardo Gil Mastro. El novio, muy indignado y nervioso, fruto de la tensión al comprobar cómo le “reventaban su boda en una situación que le era ajena a los novios y en ningún caso responsables”, también tuvo que ser calmado porque la situación se fue agravando. Al final, tanto los funcionarios como la Guardia Civil abandonaron el cortijo pasadas las 20.30 horas, sólo poco antes del fin de la no celebración. En la boda también estaban los hijos de ambos porque era una pareja conviviente y muy asentada que, después de varios años juntos, había decidido casarse y celebrarlo con sus familiares y amigos.

Volvemos a la habitación de la novia, según los hechos probados que constan en el fallo judicial. En un momento determinado, y ante la ausencia durante casi una hora de la novia del evento donde se encontraban todos los invitados, el novio –Marcos-, avisado por las primas de la novia, se presentó en el cuarto donde se encontraban los responsables de Hacienda y su mujer.

Los novios, “indignados por la situación y en shock” -según la terminología usada por la propia la Audiencia Nacional para describir su estado-, les dijeron a los funcionarios que no llevaban los documentos de identidad encima ni estaban en condiciones de declarar ni de facilitar datos, y que por favor se marcharan, que les dejaran disfrutar de un día tan especial, que ya podrían solucionarlo todo al día siguiente o el lunes (la boda se celebró un sábado). A fin de cuentas, el asunto no iba con ellos, sino con la empresa de catering, que era que la debía el dinero a Hacienda. Sin embargo, los funcionarios ni se movieron de la celebración ni cambiaron su decisión: no se irían de allí.

A la par, también se presentó el encargado del catering, que era el organizador de la boda, y se ofreció a solucionar el problema para que dejasen “en paz” a los contrayentes. Pasadas tres horas, a las 19.15 horas, y cuando parecía regresar la normalidad, se presentó por sorpresa para todos en la finca una pareja de la Guardia Civil, a requerimiento de los funcionarios de Hacienda.

El abogado que ha llevado la demanda, Eduardo Gil Mastro.D.V.

La pareja puso el caso en manos de la Justicia al no responder el Ministerio de Hacienda en la vía administrativa. Según el fallo de la Audiencia Nacional, “la actuación de los funcionarios fue desproporcionada”. Lo razona de la siguiente manera: “Cierto es que se trataba de retener el crédito que la boda suponía para la empresa de catering por sus deudas con Hacienda. Pero no todo vale para que la Agencia Tributaria alcance sus fines”. Y prosigue: “La todopoderosa (sic) Agencia Tributaria tiene a su disposición medios más que suficientes para lograr el cobro de los impuestos sin tener que humillar a un deudor ante sus clientes y, de paso, arruinar a Marcos y a Irene -terceros ajenos a la deuda- la celebración de su boda con alrededor de 100 invitados”.

Además, relata que “la presencia de los funcionarios de Hacienda en la boda era perfectamente evitable… y no es descabellado pensar -prosigue- que, conocida sobradamente quién era la empresa deudora, bien podían desde la delegación extremeña de la Agencia Tributaria haber proyectado una entrada en una sede para obtener información sobre sus clientes y la celebración de los próximos eventos”. Y pone como ejemplo que los juzgados provinciales de lo contencioso-administrativo resuelven con frecuencia solicitudes de la Agencia Tributaria sobre autorizaciones de entrada de ese tipo, precisamente para obtener datos e información obrantes en los archivos físicos o digitales de las empresas investigadas.

El abogado de los novios lo explica de esta manera: “Como cualquier otra pareja, habían realizado pagos por adelantado, vía transferencia bancaria, a la empresa unos días antes para la reserva del sitio y es ahí donde pudo primeramente actuar Hacienda o, como les dijeron los novios a los funcionarios, con posterioridad a la boda”. En dichas transferencias se identificaba perfectamente el pago: “Segunda señal evento 1 de junio”, se especificaba, por ejemplo, en uno de los pagos.

De hecho, al final, y tras la advertencia de Hacienda, los novios no realizaron nunca el pago completo al catering por el servicio prestado después del evento, tal y como le hizo saber la Agencia Tributaria, quedando retenido hasta que solucionase la empresa sus problemas fiscales.

Sin embargo, la Audiencia critica que “resultaba más fácil, cómodo y sobre todo, espectacular, presentarse en la boda, denostando la fama del empresario que servía el catering y amedrentando a unos novios con ’embargarles la boda’ y paralizarla si no firmaban inmediatamente unos documentos, que no exhibieron en ningún momento ni siquiera a la Guardia Civil… y que se supone que estaba escrito en un lenguaje “farragoso, confuso y de difícil comprensión incluso para los iniciados en la materia”. En definitiva, se trataba de un “abuso ante la situación de debilidad que para cualquier ciudadano puede suponer que aparezcan dos funcionarios del fisco con exigencias en un día tan señalado, con decenas o cientos de invitados a los que atender”. Además, añade: “Resulta completamente absurdo pensar que la novia podía llevar esa documentación el día de su boda entre los pliegues del traje o el novio en el bolsillo de la chaqueta”. Así, según la sentencia, “faltaba únicamente informarles de sus derechos a ser asistidos por un abogado para rematar el disgusto que gratuitamente dieron a Irene y a Marcos”.

De esta manera, el fallo condena a la Agencia Tributaria a indemnizar a Hacienda a la suma de 6.000 euros, más los intereses legales. Además impone a la Agencia Tributaria el pago de todas las costas generados en este proceso.

El abogado Eduardo Gil Mastro explica que “basamos la demanda en el principio de proporcionalidad que debe de tener toda la administración administrativa más que en si los funcionarios tenían una orden judicial para irrumpir en un cortijo alquilado, una dependencia privada, porque en ese aspecto la sentencia no entra, no queda acreditado ese aspecto, aunque nosotros teníamos nuestras dudas también en ese aspecto”. Además, subraya que “nos vimos obligados a acudir a la vía judicial, que no era nuestro deseo, pero no nos quedó más remedio porque en la vía administración, en el recurso que presentamos ante Hacienda, no nos contestaron, nos dieron la callada por respuesta, el silencio administrativo”.

Tampoco ha habido hasta la fecha, ni siquiera después de conocerse la sentencia, ningún tipo de disculpa del organismo público ni de los funcionarios. “En las alegaciones y en el juicio alegaban que en este tipo de bodas siempre se mueve dinero negro y que por eso estaba justificada su presencia”. Y en cuanto a los 6.000 euros de indemnización, el abogado puntualiza: “Lo pedimos únicamente como una cuestión simbólica, sin mayores pretensiones. Como me dijeron los novios, la única intención del caso era que ningún recién casados vuelvan a pasar la pesadilla que ellos tuvieron que padecer”.

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