June 15, 2021

Al menos 9.100 inmigrantes han muerto intentando llegar a España desde 1988

Al menos 9.100 personas han perdido la vida intentando llegar a España desde que se documentó el primer naufragio en rutas migratorias en noviembre de 1988, según los datos de los que dispone la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que reclama la creación de una oficina de atención a las familias de los desaparecidos.

Una cifra estimativa porque se desconoce el número real, ya que muchas muertes y desapariciones nunca se registran, sobre todo cuando ocurren en zonas remotas o en alta mar, detalla la OIM en su informe “Familias de personas migrantes desaparecidas: su búsqueda de respuestas, el impacto de la pérdida y recomendaciones para mejorar las respuestas institucionales a sus necesidades”.

Con este trabajo, que ha hecho público este viernes, la OIM quiere hacer hincapié en las barreras con las que se topan las familias en su esfuerzo por localizar a sus seres queridos y las dificultades que surgen durante los procesos de búsqueda e identificación.

Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM ha documentado la muerte y desaparición de más de 42.000 personas en trayectos migratorios por todo el mundo, unos datos que arrojan una estimación de al menos 85.000 muertes y desapariciones desde 1996.

En el caso de España, entre 2014 y 2020 se ha contabilizado el fallecimiento de 3.602 personas: 2.216 se produjeron en la ruta del Mediterráneo occidental y 1.386 en la ruta atlántica hacia Canarias.

Antes de 2014, los datos recopilados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) muestran que los años con más pérdidas humanas fueron en la crisis de los cayucos de 2006-2007, en los que se registraron 1.167 y 921 muertes, respectivamente.

Pese a la reducción de la movilidad en 2020 debido al cierre de fronteras por la pandemia, la OIM ha documentado 1.190 muertes y desapariciones de personas intentando llegar a España, que experimentó un “dramático” aumento en quienes murieron en su intento de arribar a Canarias: 850 frente a 210 de 2019.

La causa del 91% de estos fallecimientos es el ahogamiento. En los casos de ahogamiento contabilizados, sólo se recuperaron un 28 % de los cuerpos, precisa el informe, que señala la peligrosidad de las rutas, con viajes que pueden sobrepasar los diez días de navegación, como otra de las causas de defunción.

Desde 2014 se han documentado 213 muertes por hipotermia, deshidratación, malnutrición y enfermedad o falta de acceso a servicios sanitarios como consecuencia de pasar muchos días en alta mar antes de ser rescatados.

Advierte también la OIM de los riesgos de cruzar las fronteras terrestres: en los últimos siete años al menos 33 personas han muerto al intentar saltar las vallas de Ceuta y Melilla, asfixiados al viajar como polizones o atropellados por camiones en cuyos bajos se escondían para llegar a la península.

“Desgraciadamente, se sabe muy poco sobre la identidad de las personas que fallecen o desaparecen”, lamenta la organización, que reconoce que sólo tienen datos sociodemográficos de una tercera parte de las 3.602 muertes y desapariciones documentadas: 711 hombres, 255 mujeres y 82 niños. De las otras 2.554 personas no hay datos.

Pese a que España cuenta con un “sólido marco jurídico e institucional de gobernanza migratoria”, la OIM censura que no existan “procedimientos, protocolos o instituciones específicos” que se ocupen de la búsqueda, investigación e identificación de los inmigrantes que desaparecen o fallecen.

En la práctica esto supone que las familias que intentan localizarlos se encuentran con “varios obstáculos legales y burocráticos” e impide que las autoridades puedan dar “una respuesta y un seguimiento efectivos” a las denuncias de las familias, que desarrollan “sus propias estrategias” para buscar información y afrontar los impactos de la pérdida.

Entre las múltiples limitaciones estructurales con las que se encuentran, la OIM reprocha condicionantes como el género, la situación socioeconómica, la migratoria, el idioma o la racialización, además de que la criminalización de la inmigración irregular dificulta que denuncien.

Para paliar esta situación, la organización recomienda crear un organismo de atención para familiares, procedimientos de denuncia sencillos y accesibles, eliminar los impedimentos jurídicos o administrativos y que el marco institucional contemple “las dinámicas particulares” de esta realidad.

Plantea además que se elabore un protocolo que las autoridades españolas usen como “hoja de ruta” en la búsqueda e identificación de los migrantes desaparecidos y fallecidos.

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