June 24, 2021

La Ley de Memoria impulsada por Carmen Calvo viola la libertad ideológica y el derecho de reunión, según el CGPJ

Informe El CGPJ cree que la Ley de Memoria que prepara el Gobierno vulnera la libertad ideológica en su intento de cerrar las fundaciones franquistas Consejo de Ministros El Gobierno crea una Fiscalía para investigar la violación de derechos humanos en la Guerra Civil y el franquismo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este lunes un informe crítico con la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno. El texto incluye objeciones como que el intento de disolver la Fundación Francisco Franco o de sancionar la apología del Franquismo supone un ataque a los derechos de libertad ideológica y de expresión. También sostiene que no está alineado con los criterios de la Unión Europea de combatir todos los regímenes autoritarios, no sólo alguno.

El informe sobre el anteproyecto de ley ha obtenido el respaldo de 15 votos -entre ellos el del presidente, Carlos Lesmes– y la oposición de seis vocales. Ha recibido apoyos tanto del bloque mayoritario conservador como del progresista, tal y como hacía pronosticar el hecho de que los ponentes del texto aprobado sin retoques fueran vocales de bloques distintos. Por un lado, Wenceslao Olea, propuesto para el Consejo por el PP; por otro, Roser Bach, candidata al Consejo del PSOE. Dos ponentes anteriores, también de bloques distintos, no habían llegado a consensuar un texto y fueron reemplazados.

Los vocales respaldados en su día por el Partido Socialista han votado a favor del texto crítico con la Ley que ha promovido especialmente la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que supone una especie de segunda fase de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Aun así, cuatro de esos vocales suscribirán un voto concurrente en el que añadirán argumentos propios a los del texto apoyado.

El informe es duro, pero podría haberlo sido más, como refleja que cinco de los seis votos en contra provengan de vocales propuestos por el PP, cuyas objeciones al anteproyecto eran más intensas que las reflejadas finalmente en el documento. Según este bloque, pese a las críticas, el informe sólo hace objeciones leves al anteproyecto, lo a su juicio explica el apoyo del bloque progresista. En contra ha votado también, desde otro extremo, la vocal propuesta por Izquierda Unida.

Leve o duro, el informe incluye entre sus críticas la de que se pretenda sancionar la apología del franquismo con la disolución de las asociaciones que lo apoyen, una medida con los ojos puestos en la Fundación Francisco Franco. Eso supondría sancionar ideas, algo que según la mayoría de los vocales va en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional.

“La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, ‘al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a quienes la niegan”, dice el informe.

La exaltación de hechos históricos “por dolorosos, reprobables o contrarios a los valores centrales de nuestra convivencia que puedan estimarse constituyen opiniones o juicios de valor que entrarían en el ámbito de protección de la libertad de expresión, salvo cuando suponga una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”, añade.

Así pues, concluye que la referencia a la apología del franquismo “invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten ‘incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales’, no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación”.

Otra crítica a la norma relacionada con este apartado es que no se prevea una protección de víctimas de violaciones de derechos humanos en el mismo periodo que abarca la ley, pero de las que sean otros los responsables. Por ejemplo, del estalinismo.

Eso iría en contra de “las políticas de memoria desarrolladas en los distintos Estados miembros de la Unión” y de la importante Resolución del Parlamento Europeo de 2019 que pide una cultura común de memoria histórica que rechace “los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado”.

El informe no ve problemas en sancionar las actuaciones que inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, pero “siempre que por imperativo de la igualdad ínsita en el mismo principio de dignidad se tutele la dignidad de las distintas víctimas de violaciones de derechos humanos acaecidas en el periodo histórico contemplado por el legislador”.

El informe considera que la ley propuesta vulneraría el derecho de reunión, al entorpecer la celebración de “actos públicos contrarios a la memoria democrática”. “Del ámbito de aplicación del precepto”, dice el informe que votará el CGPJ, “debería quedar claramente excluidos los supuestos de ejercicio del derecho de reunión […]. Debe recordarse que conforme a la jurisprudencia constitucional, el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen ideas o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos”.

La ley establece que los anteproyectos de ley deben someterse a diversos exámenes previos no vinculantes, entre ellos el del CGPJ. También el del Consejo Fiscal, que recientemente apoyó muy dividido el informe favorable a la Ley de Memoria Democrática. El voto favorable de la fiscal general decantó la votación hacia un texto favorable a la reforma. La propia Delgado había impulsado la norma en su etapa anterior como ministra de Justicia.

Precisamente la creación de la figura del fiscal de Sala -máxima categoría de la carrera- dedicado a esta materia, no es algo “particularmente idóneo”, según el Consejo. “Esta decisión organizativa respecto de la estructura del Ministerio Fiscal no parece corresponderse con el carácter esencialmente administrativo de las medidas e instrumentos de protección de las víctimas contemplados en el anteproyecto de Ley”, dice el informe, añadiendo que, en cuanto a la denominación, “resultaría coherente con el carácter prevalente de estos derechos, anteponer Derechos Humanos a Memoria Democrática”.

Tras la deliberación en el Pleno, el informe ha sido votado por el presidente del CGPJ y otros seis vocales respaldados por el PP (Ángeles Carmona, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart y Vicente Guilarte); así como los siete apoyados por el PSOE (Mar Cabrejas, Roser Bach, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda). Se les ha sumado Enrique Lucas, apuesta del PNV para el Consejo.

En contra se han expresado desde el bloque conservador José María Macías, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y José Antonio Ballestero. Junto a esos cinco, ha votado en contra la vocal respaldada por IU, Concepción Sáez.

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