July 23, 2021

El TSJC investiga a Laura Borràs por malversar al adjudicar ‘a dedo’ contratos públicos

Tribunales La diputada Laura Borràs se niega a declarar en el Supremo y la Fiscalía pide practicar más pruebas sobre el fraude

Pese a dejar su escaño en el Congreso por otro en el Parlament, que le ha llevado a presidir la cámara catalana, la investigación judicial contra Laura Borràs por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental sigue en marcha. Ahora se ocupará el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) competente por ser Borràs aforada el que tomará el relevo del Tribunal Supremo quien imputó a la presidenta del Parlament por presuntamente cometer irregularidades cuando estaba al Institució de les Lletres Catalanes.

En concreto, tras recibir el informe de la Fiscalía, el TSJC acuerda “declararse competente para investigar” a Borràs “por su condición de Presidenta del Parlament de Catalunya es aforada ante este tribunal” y por eso designa al magistrado Jordi Seguí como instructor del procedimiento. La causa está abierta contra la presidenta y un colaborador por presuntas irregularidades en la contratación de varios trabajos informáticos. A partir de ahora las partes personadas deben decidir si piden más prueba, ya que en el Supremo se investigó parte del procedimiento.

Al ser designada Borràs como diputada en el Parlament el Supremo se inhibió hacia el TSJC, el pasado abril, y ahora ha iniciado la investigación. En diciembre de 2019 el Supremo inició esta causa tras estudiar la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por presuntas irregularidades de Borràs cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

En concreto, se investiga si la presidenta del Parlament adjudicó de forma fraudulenta a su amigo Isaías H.F. 18 contratos de programación informática por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, entre 2013 y 2017, fraccionándolos de forma ilegal y falsificando los presupuestos de los expedientes. Según la jueza de instrucción que investigó el caso en sus inicios, de común acuerdo con Borràs, Isaías H.F. fijaba los importes de las fracturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, de menos de 18.000 euros, con el fin de ocultar el verdadero prestador del servicio.

La causa contra Borràs llega al TSJC cuando la instrucción está a punto de culminarse, dado que se han practicado ya la mayoría de las diligencias solicitadas por las partes, unas a cargo de los Mossos d’Esquadra y otras de la Guardia Civil. Sin embargo, se podría pedir nueva prueba o la presidente del Parlament acudir a declarar ya que hasta ahora no ha querido hacerlo cuando fue citada.

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