June 24, 2021

El Supremo establece que las agresiones sexuales también se pueden cometer a distancia a través de las redes sociales

El Tribunal Supremo ha concluido que las agresiones sexuales mediante intimidación también pueden cometerse a través de las redes sociales. Lo ha hecho en una sentencia en la que considera agresión sexual la obtención de vídeos sexuales de una menor mediante intimidación a través de las redes sociales.

La aplicación de ese delito supone que la Sala de lo Penal eleva a cinco años y cuatro meses de prisión la pena impuesta a un hombre al que inicialmente se le habían impuesto dos años y nueve meses por el delito de corrupción de menores.

El hombre que intimidó a una menor a través de las redes sociales exigiéndole que le enviase fotografías y vídeos de ella con contenido sexual, y amenazándola, si no lo hacía, con publicar los archivos que ya le había enviado en Tuenti.

El alto tribunal considera que la distancia física entre el agresor y la víctima “no desnaturaliza los requisitos de la agresión sexual puesto que mediante intimidación se ataca la libertad sexual de la víctima en un escenario, el de las redes sociales, con mayor impacto nocivo y duradero”.

Según relata la sentencia, el condenado se inscribió en Tuenti con una identidad falsa de mujer y contactó con una menor de 12 años, a quien no conocía, a la que le obligó a hacerse fotos y grabarse vídeos de contenido sexual y enviárselos, bajo la amenaza de denunciar a su familia y de difundir las grabaciones que tenía de ella a sus contactos en esa red social.

La Audiencia Provincial de Valencia le condenó por delito de corrupción de menores y le absolvió del delito de agresión sexual. La Fiscalía presentó recurso de casación ante el Supremo por la absolución del delito de agresión sexual y ahora el Alto Tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Público.

Para los magistrados,la obtención de imágenes de contenido pornográfico de una menor tocándose su propio cuerpo, grabadas por ella misma, a consecuencia de la intimidación on line ejercida por el autor, quien amenazó con la divulgación en redes sociales de imágenes de contenido sexual de la menor obtenidas previamente por engaño, constituye un delito de agresión sexual.

La Sala afirma que para la comisión del delito no se exige que el agresor realice los actos directa y físicamente sobre la víctima. Lo que el Código Penal prohíbe “es que mediante violencia o intimidación se atente contra la libertad sexual de la víctima, lo que incluye, por tanto, en su contorno descriptivo la agresión a distancia, también la on line”.

La sentencia, ponencia del magistrado Javier Hernández García, explica que “la dimensión social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al facilitar el intercambio de imágenes y vídeos de los actos de cosificación sexual, puede convertirse en un potentísimo instrumento de intimidación con un mayor impacto nocivo y duradero de lesión del bien jurídico”. Además, indica que no debe perderse de vista que las TIC “han aumentado los modos de accesibilidad a los niños y niñas por parte de personas que buscan, como único objetivo, su abuso y explotación sexual”.

Añade que para muchas personas, y especialmente para los niños y niñas, sobre todo a partir de la preadolescencia, las comunidades virtuales se han convertido en un espacio de interacción social decisivo, abierto a un número indeterminado de personas. “Así, la inmersión en entornos virtuales se convierte en una norma de socialización, pero también, en cierto sentido, de percepción de la propia realidad. A medida que el usuario se sumerge en la realidad virtual, según la sentencia, esta acaba convirtiéndose en una decisiva referencia, desplazando a la propia realidad”.

“Este nuevo ciberespacio de interacción social fragiliza los marcos de protección de la intimidad, convirtiendo en más vulnerables a las personas cuando, por accesos indebidos a sus datos personales, pierden de manera casi siempre irreversible, y frente a centenares o miles de personas, el control sobre su vida privada”, subraya la Sala.

El tribunal afirma que el riesgo para cualquier persona, pero muy en especial para una mujer menor de edad, de que la imagen de su cuerpo desnudo, mostrando, además, actos de contenido sexual sobre el mismo, “pueda ser distribuida por una red social de la que participan muchas personas de su entorno social y afectivo adquiere una relevante gravedad intimidatoria”.

“Cuando tales datos se relacionan con la sexualidad, junto a su divulgación indiscriminada, y en especial si la víctima es mujer, y a consecuencia de constructos sociales marcados muchas veces por hondas raíces ideológicas patriarcales y machistas, se activan mecanismos en red de criminalización, humillación y desprecio”, concluyen los magistrados.

Para el tribunal, “la revelación en las redes sociales de la cosificación sexual a la que ha sido sometida la víctima, y en especial, insistimos, cuando es mujer y menor, puede tener efectos extremadamente graves sobre muchos planos vitales. Lo que ha venido a denominarse como un escenario digital de la polivictimización”.

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