June 23, 2021

La OCDE reclama “un esfuerzo especial” para evitar la politización del CGPJ

UE El comisario de Justicia: “La retirada de la reforma del CGPJ es una buena noticia, pero no es suficiente” Justicia El Gobierno renuncia a la reforma que rebaja las mayorías del CGPJ tras los recelos de Bruselas y las críticas de los jueces

Al coro europeo que advierte de los riesgos que afronta en España el Poder Judicial se ha sumado la OCDE. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, centrado en las proyecciones económicas para España, reserva un espacio al diagnóstico de la situación por la que está pasando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para señalar los peligros que eso conlleva.

El reporte resalta que la composición del Consejo y el modo en que son elegidos sus miembros «ha sido objeto de continuo debate, por su influencia en el grado de independencia respecto a los poderes que lo eligen».

Se hace eco de las dos reformas que se impulsaron desde los partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Podemos, para forzar el desbloqueo de la renovación del CGPJ. La primera, rebajar la mayoría parlamentaria de tres quintos para elegir a los vocales del Consejo. La segunda, limitar drásticamente sus funciones mientras, como ahora, esté en funciones ante la incapacidad del legislativo para renovarlo dentro del plazo legal.

La OCDE explica que finalmente se renunció a la primera reforma, pero no tanto por convencimiento del Gobierno español, sino «como consecuencia de las muestras de preocupación nacionales e internacionales sobre los efectos que podría tener en la independencia del Consejo».

La segunda reforma -que aún estaba en trámite legislativo cuando se preparó el informe- ya ha entrado en vigor. A juicio de la OCDE, debería hacerse «un esfuerzo especial para que, dada la gran repercusión pública y la fuerte tensión política en torno a las reformas, el Consejo siga percibiéndose como completamente independiente a la politización».

Dada su naturaleza, la OCDE ve el asunto desde el punto de vista económico y centra su preocupación en el posible crecimiento de la corrupción que pudiera afectara a la economía. «Un requisito indispensable para prevenir la corrupción es asegurar la imparcialidad e independencia del Consejo encargado de dirigir el poder judicial», afirma. «Si el órgano de gobierno de los jueces», prosigue, «sufriera un pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos y de los jueces, podría tener un impacto negativo en la prevención de la corrupción en España y poner en jaque la percepción de independencia de los jueces a largo plazo».

La OCDE -en la que participan 38 países- cierra el apartado dedicado a la Justicia afirmando que la independencia del Poder Judicial respecto al poder político «debería garantizarse, promoverse y protegerse en todo momento para continuar la lucha contra la corrupción en España de manera efectiva».

En su referencia al proyecto ya abandonado de rebajar la mayorías para renovar al Consejo, la OCDE recuerda que fue el propio Gobierno español el que sostuvo ante la Comisión Europea que la actual mayoría de tres quintos «garantiza la convergencia de diversas fuerzas políticas e impide la elección de un CGPJ que responda a mayorías especificas y temporales reforzando su independencia respecto al poder político».

La Comisión Europea ha sido en este asunto la voz principal del coro vigilante y sus presiones han sido las que llevaron a abandonar la reforma de las mayorías. El informe de la OCDE coincide en el diagnóstico con el elaborado anualmente por la Comisión sobre el estado de la Justicia en la Unión. «Estos hechos confirman la importancia de velar por que el CGPJ no sea percibido como una institución expuesta a influencia política», se lee en el apartado referido a España.

Desde el Consejo de Europa también se emitió una recomendación sobre cómo debían elegirse los consejos del poder judicial: «No menos de la mitad de los miembros deben ser jueces seleccionados por su homólogos».

En cuanto a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos constitucionalistas y en el que participan 61 países, ya ha dejado clara la importancia de las mayorías cualificadas. «La Comisión de Venecia ha recomendado reiteradamente que los miembros de un consejo del poder judicial elegidos por un parlamento deberían serlo por una mayoría cualificada».

Finalmente, el Greco, un organismo del Consejo de Europa centrado en la lucha contra la corrupción, ha insistido en una recomendación más sencilla: «Las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial».

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