June 24, 2021

El caos jurídico tras el fin del estado de alarma: los tribunales tumban el toque de queda en País Vasco pero lo permiten en Valencia y Baleares

El fin del estado de alarma, el paraguas legislativo que permitía a las comunidades autónomas limitar derechos fundamentales para contener la difusión del coronavirus, trae consigo un frente judicial que deja ciertas paradojas a lo largo del territorio español.

Mientras los tribunales superiores de justicia de Baleares y la Comunidad Valenciana han avalado que se mantengan las restricciones a la movilidad en las respectivas regiones, los jueces han seguido el camino contrario en el País Vasco, donde han tumbado el toque de queda y los cierres perimetrales de Euskadi y de sus ciudades.

“Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado”, defiende la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior del País Vasco para oponerse a la continuidad de las restricciones que pretendía el lehendakari Iñigo Urkullu sin el estado de alarma.

El fallo de los jueces vascos rechaza que pueda utilizarse la Ley Orgánica de Sanidad para limitar derechos fundamentales y deja a Urkullu con un estrecho margenpara aprobar nuevas restricciones. El TSJPV comparte las tesis de la Fiscal Jefe de País Vasco Carmen Adán y va más allá al descartar incluso que se puedan limitar las agrupaciones de personas a 4 individuos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha autorizado las limitaciones a la movilidad nocturna, a las reuniones sociales o familiares y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat Valenciana este jueves ante el fin del estado de alarma.

Pero los magistrados acotan la vigencia de estas restricciones al periodo comprendido entre el 9 y el 24 de mayo -no hasta el 30 de mayo como pedía la Administración- y establecen que será la evolución de la pandemia y el ritmo de la vacunación los que determinen “la necesidad -o no- de su prórroga o la adopción por la autoridad competente de medidas de mayor laxitud en la afectación a derechos fundamentales”.

La Fiscalía había avalado las restricciones que había solicitado la Generalitat Valenciana ante el inminente fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. El fiscal portavoz del alto tribunal, Jaime Gil, ha confirmado este viernes que el ministerio público no se opone a las medidas propuestas y que incidían en dos aspectos fundamentales: el toque de queda y la limitación de los encuentros sociales. Después, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha autorizado efectivamente las restricciones propuestas por el Govern.

Una vez decaiga el estado de alarma, la Generalitat plantea mantener la limitación de la movilidad nocturna entre las 0 y las 6 horas. Es decir, se mantiene el toque de queda aunque solo a partir de medianoche, tal y como reclamaba la restauración para poder servir cenas.

Además, se fija en 10 el número máximo de personas en reuniones sociales, “tanto en espacios públicos como en privados, al aire libre o cerrados”. Por último, se quiere limitar el aforo al 75% en espacios de culto.

La Justicia balear avaló también este jueves que el gobierno autonómico que preside la socialista Francina Armengol pueda seguir manteniendo las restricciones más severas a pesar de no contar con el paraguas del estado de alarma.

Pese a que la cuestión ha dividido claramente al tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB) tomó esta decisión el jueves por la mañana tras reunirse de urgencia para resolver la petición del Ejecutivo balear, que el lunes le solicitó que se pronunciara a favor de mantener las medidas más restrictivas, garantizándole que no vulnera la legalidad.

Concretamente se quiere prolongar hasta el 23 de mayo el toque de queda entre las 23 y las 6 horas. También seguir limitando el aforo en lugares de culto, extender la prohibición de reuniones sociales de más de 6 personas incluso en espacios privados y prolongar la exigencia de pruebas PCR a viajeros que entren por puertos y aeropuertos, incluidos los que proceden del resto de España. De hecho, ayer mismo ya se empezaron a dar instrucciones a los puertos para que garanticen que se sigue cumpliendo esta exigencia.

La Fiscalía balear se opuso a que se sigan manteniendo estas limitaciones alegando que exceden las competencias del gobierno balear y que sólo pueden aplicarse bajo el amparo de la figura del estado de alarma o de una ley orgánica al afectar a derechos fundamentales blindados por la Constitución Española.

Por contra, el Govern alegó que existen tres leyes que le dan margen para actuar en ese sentido por la excepcionalidad sanitaria del momento. Basó su informe en la Ley 14/ 86 de la Ley General de Sanidad, en la ley 33/2011 de Salud Pública y en la ley autonómica de Salud de 2003. Además, presentó informes del comité que asesora al gobierno vinculando estadísticamente la relajación de medidas con el incremento de incidencia del virus.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB bloqueó inicialmente esta pretensión al negarse a decidir sobre el fondo de la cuestión hasta que el Govern no lo decidiera. Eso provocó que ayer mismo la presidenta Armengol convocase a sus consejeros para aprobar la prórroga de las medidas para luego someterlas a la fiscalización del TSJB.

Finalmente, la máxima instancia judicial de las Islas ha dado la razón al Govern. Pero lo ha hecho con unaclara división interna entre los cinco magistrados al salir adelante la votación por tes votos a favor y dos en contra. Los votos en contra han sido de dos magistradas adscritas a la Asociación Profesional de la Magistratura, organización de corte conservador.

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