June 23, 2021

La Fiscalía contradice al Gobierno y rechaza amparar el toque de queda sin estado de alarma

La Fiscalía no comparte el criterio del Gobierno de que la limitación de derechos fundamentales pueda continuar sin el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. “En base a lo expuesto y a modo de conclusión, no pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales dirigidas a un conjunto indeterminado de personas al amparo de la legislación sanitaria vigente”, afirma con rotundidad la Fiscalía del País Vasco.

Es su respuesta de este miércoles a la intención del Gobierno vasco de proseguir con el confinamiento perimetral, el toque de queda y la limitación de asistentes a reuniones.

La Fiscalía de Baleares también expresó su oposición a una limitación genérica de derechos a partir del próximo domingo. La intención del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol es prorrogar las restricciones otras dos semanas, hasta el 23 de mayo.

“No procede autorizar las medidas limitativas de la circulación de las personas en horario nocturno y tampoco las referentes a las reuniones y encuentros familiares en espacios privados, al carecer de cobertura legal”, afirma la Fiscalía.

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene desde hace semanas que la normativa sanitaria permite limitar movimientos como se ha venido haciendo. Que se puede continuar con los confinamientos perimetrales e incluso -aunque en este punto han surgido más dudas-, el toque de queda.

El martes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo insistía en que las comunidades pueden “justificar, argumentar y proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda, los confinamientos o cualquier circunstancia que limite derechos fundamentales”.

Esa tesis contrasta con la rotundidad de la Fiscalía del País Vasco: “Son medidas propias de los estados excepcionales”. Su escrito y el de Baleares consideran, como han hecho antes algunos tribunales autonómicos, que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de Sanidad son demasiado imprecisas como para dar cobertura a una limitación de derechos no sólo a contagiados o contactos estrechos, sino a poblaciones indeterminadas.

La Fiscalía General afirmaba este miércoles que, aunque la línea de actuación iba en esa dirección, no existía un criterio uniforme para rechazar en todos los casos las medidas, y que la solución podía depender en cada caso de elementos como la redacción dada a las solicitudes de los gobiernos autonómicos.

Sí acordó el Ministerio Público que todas las respuestas a las peticiones de limitación de derechos se remitan antes al fiscal de Sala de lo Contencioso, Pedro Crespo, para poder coordinarlas.

La postura de la Fiscalía no implica que no se puedan aprobar las restricciones. Los tribunales superiores puede autorizarlas o bloquearlas y su decisión, conforme a la reforma legal que este miércoles se publicó en el BOE, podrá recurrirse ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía prevé que la próxima semana ya tenga sobre la mesa del Alto Tribunal los primeros recursos.

Precisamente, este miércoles el Supremo se puso en marcha de urgencia para ajustarse a la reforma sorpresa del Gobierno que le concede la última palabra y de la que ningún magistrado dice haber tenido noticia previa o haber sido consultado.

El presidente de la Sala de lo Contencioso, César Tolosa, acordó que sea la Sección Cuarta, que habitualmente resuelve la materia sanitaria, la que aborde los recursos. En estos casos, Tolosa presidirá el tribunal.

Además, se acordó solicitar un informe al Gabinete Técnico sobre cómo aplicar el nuevo recurso. Y se abrió “un canal de contacto” con los presidentes de las Salas de lo Contencioso de los TSJ para “coordinar que se dé cumplimiento a los nuevos plazos, más cortos, que fija la reforma para resolver estos recursos”.

La decisión de dejar en manos de los jueces -sean los TSJ o el Supremo- las limitaciones ha encontrado muchas críticas entre los jueces. Prueba de ello es el comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria: “Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional, grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional”.

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