June 23, 2021

Un ERE de 1,5 millones pagado por la Junta con ‘intrusos’ y la mediación del ‘conseguidor’ Juan Lanzas

Tribunales La muñeca rusa de los ERE La instrucción El juez procesa a once de los imputados por los ERE ilegales de Mercasevilla, cuyas fondos dio la Junta de forma “injusta”

La investigación judicial del ERE en el emblemático restaurante de Sevilla Río Grande, que fue financiado de forma irregular por la Junta de Andalucía en la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE, ha llegado a su fin. Se trata de una de las piezas del centenar largo de causas desgajadas de la macrocausa de corrupción de los ERE que la juez Mercedes Alaya comenzó a investigar hace ya una década.

La pieza sobre Río Grande incluye un catálogo de las irregularidades más significativas que luego se han reproducido en otras causas de los ERE. Así, la Junta se gastó 1,5 millones de euros en costear un expediente de regulación de empleo en un restaurante que no pasaba por apuros económicos. Y se introdujeron dos ‘intrusas’ en el listado de los empleados despedidos: una de ellas nunca trabajó en la empresa y la otra fue contratada tres meses antes de llegar a la edad de jubilación y poco antes de que comenzaran los trámites del ERE presuntamente ilegal.

Además, en este ERE medió uno de los personajes clave en este caso de corrupción: el ‘conseguidor’ y ex sindicalista de UGTJuan Lanzas, quien mantenía una estrecha relación con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, fallecido el pasado 11 de octubre, y que manejó a su antojo la partida presupuestaria 31L, también conocida como el ‘fondo de reptiles’.

El emblemático restaurante Río Grande, ubicado junto al río Guadalquivir, enfrente de la Torre del Oro, fue durante años lugar de reunión de la clase política sevillana. En 2005, su propietaria planteó la extinción de 12 contratos laborales de los 33 que integraban la plantilla. Justo el año antes, cerró el ejercicio con unos beneficios de 1.250.594,42 euros, según el Impuesto de Sociedades declarado por la compañía a la Agencia Tributaria que consta en el juzgado. Por lo tanto, la Junta financió el ERE en una empresa que no estaba en crisis.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha procesado a nueve personas por las irregularidades en las ayudas del ERE en Río Grande, según en un auto del 30 de abril, difundido este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre los encausados se encuentran Juan Lanzas; su pareja Beatriz N.M.; la dueña del restaurante Río Grande, María del Carmen García Sánchez; el ex directivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera comercial de dicha entidad Francisco González, que fue también delegado de sindical de CCOO en la empresa en la que trabajó con anterioridad; otro responsable de Vitalia llamado Jesús B.R.; y miembros de la entidad Atrado Mensajería y del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís.

También ha sido procesada por el juez la ‘intrusa’ María del Carmen Fontela, vecina del comercial de Vitalia Francisco González y quien accedió a abrir una cuenta a petición de éste en la que se ingresaba el dinero de la ayuda de los ERE y de la que aquél lo sacaba mensualmente para repartírselo con Juan Lanzas. La otra falsa trabajadora de Río Grande –María José de la Rosa Aparicio, amiga de María del Carmen García Sánchez y a quien la empresa contrató tan sólo tres meses antes de cumplir la edad de jubilación- falleció en 2006 y, por lo tanto, ha quedado fuera del proceso judicial.

El auto judicial destaca que la ‘intrusa’ María del Carmen Fontela recibió en su cuenta 155.605,27 euros, pero ella sólo se quedó con 1.750 euros. Esta procesada, “prevaliéndose sus relaciones personales” con Lanzas y Francisco González “posibilita que los mediadores de las pólizas de seguro la incluyesen como beneficiaria, a sabiendas de que no tenía derecho a percibir las rentas objeto de las referidas pólizas, en cuanto nunca habría sido trabajadora de la empresa Río Grande”, dice el juez. Es llamativo que Lanzas y González ya trataron de incluir a esta ‘intrusa’ en el ERE de la entidad Mercasevilla, empresa con la que tampoco tenía nada que ver.

En cuanto a María José de la Rosa Aparicio, con una póliza costeada por la Junta de 135.759,56 euros, llegó a alcanzar la edad de jubilación “con anterioridad a las fechas de solicitud de autorización y de aprobación del ERE”, advierte el juez. Según las previsiones de su póliza, esta ‘intrusa’ debía percibir durante siete años y medio y hasta 2013 unos 1.100 euros mensuales; después, pasaría a percibir una pequeña renta vitalicia de entre 130 y 150 euros mensuales. Si hubiera vivido hasta los 75 años, habría cobrado algo más de 107.000 euros. No obstante, debido a su fallecimiento en 2006, percibió 10.146,25 euros.

El ‘conseguidor’ de los ERE

Juan Lanzas, que estuvo durante 23 años en UGT, 12 de ellos con cargos, “prevaliéndose de su posición” como dirigente sindical, “asesor” del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, “así como sus colaboraciones como intermediario en la consultora Vitalia, fomentó activamente” el ERE en Río Grande, “a sabiendas de su ilicitud”.

Además, hizo “gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo”, especialmente con el ex director general Javier Guerrero. De hecho, fue Juan Lanzas quien “puso en contacto” a la dueña del restaurante Río Grande con la Dirección General de Trabajo de la Junta. Por estas labores, cobró 93.090,17 euros que la dueña del restaurante ingresó en 2006 en una de las empresas pantalla del ‘conseguidor’ de los ERE.

El juez remarca que este intermediario “proporcionaba clientes” al despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, “en virtud de su extensas relaciones en el mundo sindical, empresarial y con la Junta de Andalucía”. El bufete, por su parte, ofrecía a Lanzas la “cobertura laboral necesaria para desarrollar sus funciones de intermediario o ‘conseguidor’ y facilitaba la “reintroducción en el circuito financiero de las ganancias ilícitas”, mediante el pago por parte del despacho de abogados “al entramado societario vinculado y controlado” por Lanzas.

El juez instructor de los ERE decide continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los nueve investigados en la pieza sobre el ERE en Río Grande “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Otra irregularidad del ERE en el restaurante Río Grande que se ha repetido en otras causas de los ERE es el sistema de “pagos cruzados” empleado por la Junta para eludir todo tipo de controles internos. Este sistema provoca, “entre otros efectos contrarios a la ley, la carencia de control de las ayudas, dado que los abonos así realizados no tienen reflejo contable alguno ni en la contabilidad de IFA/IDEA ni en la de la Junta, al ser ordenados directamente” por el director general de Trabajo, “sin que IFA-DEA tenga conocimiento de los mismos, de forma que su existencia sólo puede ser conocida mediante el análisis de la documentación de cada expediente de ayuda”, señala el auto judicial.

Fue el 15 de julio de 2005 cuando el restaurante Río Grande solicitó a la Delegación Provincial de Empleo autorización para un ERE, cuyo objeto era la extinción de 12 puestos de trabajo de los 33 trabajadores que conformaban la plantilla. El instructor explica que Empleo concedió ayudas por importe de 1.531.299,91 euros, “sin sujeción al procedimiento legalmente establecido” y de “manera ilícita y fraudulenta”.

Esta subvención de 1,5 millones de euros “no consta formalmente entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta”, ya que “se utilizó el sistema irregular de ‘pagos cruzados’ para el abono de primas de seguro”, del que no quedaba reflejo en la contabilidad.

Las subvenciones se concedieron “sin análisis económico alguno” por parte de la Administración andaluza y tampoco hubo “control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo”, apostilla el juez Vilaplana.

Otra de las irregularidades de los ERE es la opacidad, que también la hubo en las ayudas a Río Grande. “Resulta evidente que no constan ni se justifican las circunstancias de excepcionalidad, no consta en el procedimiento de concesión de las ayudas el más mínimo atisbo de publicidad, ni requisitos y condiciones impuestas a la entidad beneficiaria, ni resolución motivada propiamente dicha, como tampoco consta la forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para que se concede la subvención”, censura el juez .

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