June 15, 2021

El Gobierno descarga en el Supremo la decisión última de que las comunidades restrinjan derechos fundamentales tras el fin del estado de alarma

Directo Coronavirus España hoy, noticias de última hora Coronavirus Las restricciones tras el estado de alarma: Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana apuestan por el toque de queda; Cataluña, no si hay buena evolución

El Gobierno no prorrogará el estado de alarma que vence el domingo 9 de mayo. No habrá un plan B jurídico como reclama la oposición y gran parte de las comunidades, pero el Ejecutivo sí ha decidido abrir un nuevo canal para que las regiones pueda restringir derechos fundamentales, como la movilidad de los ciudadanos, en la lucha contra la pandemia. Éstas podrán acudir al Tribunal Supremo para solicitar esas medidas, que deberá resolver en cinco días hábiles.

Ahora, sin el paraguas del estado de alarma, las comunidades deben pedir autorización judicial, a los tribunales superiores de justicia, para aquellas medidas que pueden suponer una limitación de derechos. Ésa era la vía que articuló el Ejecutivo. Ello provocó disparidad de criterios y decisiones: cierres, medidas iguales que en una comunidad se aprobaban y en otra se tumbaban. Y ahí acababa el margen de las comunidades. En ocasiones, se creó desconcierto en la ciudadanía, que no sabía si debía cumplir o no las restricciones y no entendía por qué en unos lugares se ponían en marcha y en otros se retiraban.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes un decreto que establece que en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben las decisiones de los gobiernos autonómicos, éstos puedan recurrir al Supremo para que se pronuncie, según ha adelantado El País y confirman fuentes del ministerio de Justicia a este diario.

Es decir, que desde el 9 de mayo, si un presidente autonómico, debido a la situación de la pandemia, quiere cerrar perimetralmente un municipio o, incluso, la región entera, o establecer un toque de queda, deberá pedir autorización al tribunal superior de justicia de su comunidad. Si éste lo refrenda, entrará en vigor. Si lo tumba, se podrá presentar un recurso de casación ante el Supremo, cuya Sala Tercera deberá pronunciarse en el plazo de cinco días hábiles.

Si bien un recurso de casación puede tener un recorrido de, al menos, unos cinco meses, según fuentes jurídicas, el Gobierno en este decreto impone a la Sala Tercera que resuelva en ese plazo de cinco días hábiles. En Moncloa hay convicción de que el Supremo avalará las medidas que razonen y “fundamenten” las comunidades. La aprobación de este decreto fue comunicada este lunes a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Esta vía, que antes no estaba validada, supondrá que el Alto Tribunal pueda sentar doctrina al respecto y al pronunciarse pueda trazarse una hoja de ruta judicial sobre qué pueden y qué no pueden las autonomías.

Desde el Ejecutivo consideran que el Supremo, al que se colocó como agente clave en las futuras restricciones a tomar, podrá fijar jurisprudencia sobre estos procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme de dicho marco normativo en todo el territorio nacional, sostienen en Moncloa.

Este decreto llega después de las críticas de muchas comunidades por no ampliarse la vigencia del estado de alarma y de las formaciones de la oposición. Algunas partidos, socios de gobernabilidad del Ejecutivo -como ERC, Compromís, Más País, PNV…- se abrieron a estudiar y negociar la propuesta de un plan B jurídico que impulsa el PP. El decreto ni se ha consensuado con las autonomías ni con las formaciones del Congreso.

En el mismo decreto en el que se establece que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra para que las comunidades puedan restringir derechos fundamentales, el Ejecutivo ha prorrogado hasta el 9 de agosto la suspensión de los desahucios de alquiler para colectivos vulnerables, incluidos los que no tienen contrato, y la moratoria del pago y quitas del 50 % de las rentas, si los arrendadores son grandes tenedores (diez o más viviendas) o entidades públicas.

Aunque su vigencia expiraba el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que supone una nueva prórroga de estas y otras medidas, como la de extender seis meses los contratos de arrendamiento de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, si el propietario no reclama la vivienda para sí ni hay un acuerdo distinto entre las partes.

Igualmente, se extiende por tres meses el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión de desahucios, presenten la solicitud de compensación, con lo que este termina el 9 de septiembre.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre.

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