September 22, 2021

La cooperación como coartada para financiar sueldos de cargos de IU en Sevilla

Una planta para la gestión de residuos en Varadero, una incineradora para el cementerio de Colón en La Habana o un plan de apoyo a 42 familias campesinas en la aldea de Puerto Brasil en Colombia. Estos son algunos de los proyectos que la Fundación DeSevilla pretendía supuestamente financiar con fondos públicos del Ayuntamiento de Sevilla. Pero ninguno de ellos se ejecutó. O al menos no con el dinero que el Consistorio llegó a pagarle a la fundación, gestionada por IU en tiempos de la coalición con el PSOE que presidía el alcalde Alfredo Sánchez Monteserín.

Una sentencia conocida esta semana considera probado que la fundación municipal se gastó sistemáticamente los fondos que recibía en pagar los sueldos y viajes de sus trabajadores y en financiar actividades del entorno político de sus gestores que nada tenían que ver con el fin humanitario que supuestamente perseguía la entidad. La cooperación internacional fue solo la coartada para la financiación de la organización, que llegó a tener casi una treintena de trabajadores y que IU convirtió, mientras gobernó en Sevilla, en un instrumento político y financiero al servicio de sus dirigentes.

Solo el que fue gerente de la fundación, Miguel López de Adán, ha resultado condenado a un año de prisión y a una multa de 742.500 euros por un delito de fraude en subvenciones. Durante el proceso llegaron a estar imputados también los delegados municipales que estaban por encima del gerente, es decir, el que fuera responsable de Economía en el Ayuntamiento, Carlos Vázquez, y también el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (ambos de IU). Pero la Fiscalía Anticorrupción acabó retirando la acusación contra ambos en una decisión que la sentencia cuestiona de alguna manera. Igualmente, el Ayuntamiento de Sevilla, que fue el perjudicado por el desvío de los fondos, se retiró como acusación particular cuando accedió a la Alcaldía Juan Espadas, lo que ha podido dificultar igualmente ir más allá en la depuración de responsabilidades penales.

Además, el juez ha tenido en cuenta las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, ajenas al acusado, por lo que la condena de un año es la menor que cabía imponer en función del delito cometido. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Sevilla.

El titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla, Joaquín Yust Escobar, lamenta en varios puntos de la sentencia que los hechos que finalmente llegaron a juicio fueran solo los derivados de un paquete de ayudas, concretamente el que respondía al expediente 98/08, pese a que, de los informes periciales y del propio testimonio del acusado se desprende que las prácticas irregulares observadas en la gestión de estos proyectos eran las mismas que se utilizaban para tramitar y ejecutar otras subvenciones anteriores.

En el expediente 98/08 se incluían 13 proyectos humanitarios. Las objeciones del interventor municipal al pago de las ayudas, ya que la Fundación no había justificado otras adjudicadas anteriormente, llevaron a la entidad a renunciar a la subvención, aunque previamente ya se había gastado los fondos equivalentes y el Ayuntamiento, de nuevo ignorando los avisos del interventor, le concedió un aval para tapar el agujero financiero. Esa “mecánica de funcionamiento” respecto de las subvenciones recibidas entre los años 2007 a 2010 se repitió “a pesar de los obstáculos que formulaba el Interventor”, “resultando aprobados en el seno de la Junta de Gobierno como consecuencia de la propuesta del Teniente de Alcalde y Concejal de Relaciones Institucionales [Rodrigo Torrijos] y que culminaron en un agujero financiero de millón y medio de euros”.

Dice la sentencia que el ingreso recibido en la fundación por parte del Ayuntamiento de Sevilla “regó de liquidez las arcas de la Fundación permitiendo, no el desarrollo del proyecto, sino la subsistencia de los puestos de trabajo mediante el abono de nóminas y pagos a la Seguridad Social”. Entre los gastos que sí se abonaron están los correspondientes a un viaje a Cuba de varios dirigentes de CCOO.

En relación a uno de los proyectos supuestamente financiados por la fundación, el de la construcción de un incinerador, el proceso utilizado describe, según el juez, “un actuar más propio del mundo circense que del desarrollo de una actividad pública municipal destinada a la cooperación internacional”. “El abono en mano del incinerador en fechas en las que la subvención, no solo no había sido concedida, sino que el convenio todavía no se había suscrito, pone a las claras y anunciaba la mecánica de trabajo”.

El juez considera probado que prácticamente la mitad del dinero recibido, y que constituía el 75% de la subvención -de un total de 990.000 euros-, se destinó a fines diferentes al objeto de la ayuda. El juez dice que no existía una contabilidad analítica en la Fundación DeSevilla ni nada parecido a controles externos en los ejercicios analizados, de 2008 a 2011. Así lo pusieron en evidencia las auditorías que se realizaban año tras año de sus cuentas. En su sentencia, el juez define la documentación aportada por la fundación como “ingente, desordenada e insalubre”.

Una de las ayudas gestionadas por la Fundación DeSevilla tenía teóricamente por destino un grupo de 42 familias campesinas en Puerto Brasil (Colombia) a través de la ong Redvivir, vinculada a un dirigente comunista del país, Javier Cedano. EL MUNDO investigó el destino de los fondos y su corresponsal en la zona, Salud Hernández Mora, contactó con los supuestos beneficiarios, que mostraron su sorpresa por las preguntas de la periodista y negaron haber recibido dinero alguno: “¿Nadie vino a hablarles de una subvención de España de unos doscientos cuarenta millones de pesos para el ‘Fortalecimiento organizativo y productivo de 42 familias campesinas de Puerto Brasil, afectados por la violencia política y social’?, insistió. «Nos vendrían muy bien, pero lo único español que llegó hasta acá es usted», respondió Evelio Ortiz, el enlace de los habitantes de la aldea -donde nació- con el Ayuntamiento de Herveo, en el departamento del Tolima, en el centro del país. El Ayuntamiento de Sevilla corrigió entonces a EL MUNDO, afirmando que el periódico se había equivocado de aldea, y localizó la población objeto de la ayuda en Viotá, municipio del departamento de Cundinamarca. La corresponsal volvió a comprobar la información facilitada y contactó con el alcalde del municipio, Eduardo Moreno Peña, que tampoco tenía ni idea de los fondos españoles: “Se me hace muy extraño que vengan a invertir una cantidad de esa magnitud y en la Alcaldía no sepamos nada».

La Fundación DeSevilla nació en el año 2005 con el objetivo de desarrollar proyectos de cooperación internacional cuya vía de financiación era, principalmente, las subvenciones que recibía del Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, a partir de 2007, cuando IU asume su gestión tras renovar el pacto de gobierno con el PSOE, la concesión de estas ayudas y el importe de las mismas se «incrementan sustancialmente». De hecho, desde 2007 a 2011, estas subvenciones se multiplicaron por 12.

Así se desprende del informe pericial elaborado por la empresa KPMG Asesores SL para el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que investigó las irregularidades.

Según este estudio, la fundación pasó de recibir ayudas en 2007 por valor de 172.261 euros a 2.120.782 euros en 2010.

En junio de 2011, el PP se hizo con la Alcaldía de Sevilla y liquidó la entidad que para entonces ya esta bajo sospecha.

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